Lina María Arango Dávila
El proyecto de ley de peajes radicado hace dos semanas por el senador Luis Carlos Rua, “El Elefante”, ha despertado debate en el Congreso y en la opinión pública. Su propósito es regular las tarifas y distancias mínimas de los peajes en Colombia, respondiendo a una inconformidad ciudadana que lleva años acumulándose: estaciones demasiado cercanas, tarifas poco transparentes y una sensación de abuso frente al bolsillo de los usuarios.
El corazón de la iniciativa es la distancia mínima de 150 km entre estaciones de peaje. La medida busca evitar casos absurdos como el de Antioquia, donde dos peajes se encuentran separados por apenas unos kilómetros. La propuesta también ordena la creación de un inventario nacional de peajes, administrado por el Ministerio de Transporte, con información georreferenciada sobre ubicación, recaudo y estado contractual.
Otro punto clave es la introducción formal (Aunque ya existen no están estandarizadas) de tarifas diferenciales para usuarios frecuentes y comunidades cercanas que deben atravesar los peajes de manera cotidiana. Además, los recursos recaudados se destinarían a un fondo independiente en Invías, con el fin de garantizar que el dinero se invierta en el mantenimiento de las mismas vías donde se cobra. Finalmente, se refuerza la transparencia contractual, obligando al Ministerio a rendir informes anuales ante el Congreso.
Ahora bien, aunque la iniciativa tiene un claro espíritu ciudadano, no está exenta de riesgos. La regla de los 150 km, aplicada de manera automática, podría generar demandas millonarias de concesionarios y poner en jaque la sostenibilidad financiera de proyectos viales. Por eso, mi primera recomendación es una aplicación gradual, acompañada de estudios técnicos que determinen en qué corredores es viable y en cuáles debe ajustarse.
En segundo lugar, es necesario un equilibrio entre usuarios y concesionarios. Si bien el proyecto protege a los ciudadanos, debe incluir mecanismos de compensación para las empresas, como ajustes en plazos o tarifas, de modo que no se desincentive la inversión privada en infraestructura. Las tarifas sociales claras son otro aspecto crucial. No basta con anunciar descuentos para poblaciones cercanas: se requieren criterios objetivos y verificables que prioricen a comunidades rurales y usuarios frecuentes, evitando discrecionalidad en cabeza del gerente de la concesión que genere inequidad.
El uso transparente de recursos también debe blindarse. El recaudo requiere auditorías externas y participación ciudadana, garantizando que cada peso recaudado se traduzca en mantenimiento real de las vías, sin sobrecostops. Finalmente, conviene una comparación internacional. Mientras países como Ecuador establecen 50 km y la India 60 km, Colombia pretende fijar 150 km. Este umbral, aunque ambicioso, podría resultar poco realista en ciertos corredores. Ajustarlo a estándares regionales más flexibles permitiría un balance más razonable.
El proyecto de ley del elefante es una respuesta legítima a la inconformidad ciudadana frente a peajes excesivos y poco transparentes. Su mayor virtud es introducir reglas claras de distancia y tarifas, pero su reto será armonizar los derechos de los usuarios con la sostenibilidad financiera de las concesiones. Una implementación gradual, acompañada de transparencia y participación ciudadana, puede convertirlo en un avance histórico hacia un sistema de peajes más justo y equilibrado en Colombia.
