Por: FABIO CASTAÑO MOLINA
Este viernes primero de mayo en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, en Colombia y el mundo, las calles vuelven a llenarse de voces que reclaman dignidad, justicia y oportunidades . No es una fecha simbólica cualquiera: es el termómetro social que mide la relación entre el trabajo, el Estado y la equidad. Este 2026 no será la excepción. Animados por el gobierno de izquierda de Gustavo Petro, las centrales obreras —CUT, CGT y CTC— junto a organizaciones sociales, maestros, estudiantiles y pensionados, entre otros, convocan marchas en las principales ciudades del país para exigir garantías laborales reales, en un contexto marcado por tensiones económicas y reformas estructurales en curso. En regiones como el Eje Cafetero, la conmemoración adquiere un matiz particular. En el área metropolitana de Pereira y Dosquebradas, por ejemplo, las movilizaciones han estado acompañadas de reclamos frente a una informalidad laboral que ronda el 50%, una cifra que refleja la precariedad de buena parte del empleo local. El gobierno nacional enfrenta, en este escenario, uno de sus mayores desafíos: sacar adelante una Reforma Laboral que logre equilibrar la protección de los trabajadores con la sostenibilidad empresarial. La discusión no es menor. Mientras algunos sectores defienden mayores garantías —como la reducción progresiva de la jornada laboral— otros advierten sobre el impacto en la competitividad y el empleo formal. En América Latina, este debate está abierto: países como Chile avanzan hacia jornadas de 40 horas, mientras Colombia aún transita un camino gradual de ajustes normativos. Pero más allá de la legislación, el problema de fondo sigue siendo estructural. Colombia registra avances en la reducción del desempleo —que llegó a niveles cercanos al 8,8% en 2025—, pero con una realidad preocupante: más de la mitad de los nuevos empleos son informales. Es decir, se trabaja más, pero no necesariamente mejor. Esta dualidad entre cantidad y calidad del empleo es, quizás, el mayor desafío del mercado laboral colombiano. En materia salarial, el país ha dado pasos significativos. Para 2026, el salario mínimo vital decretado por el gobierno del señor Petro, se fijó en alrededor de 1,75 millones de pesos, con incrementos cercanos al 23%, uno de los más altos en décadas. Así, el Día Internacional del Trabajo en Colombia no es solo una conmemoración: es una radiografía de sus contradicciones. Un país que avanza en reformas, pero arrastra deudas históricas; que mejora cifras, pero no siempre condiciones; que incrementa salarios, pero no logra cerrar la brecha de la desigualdad. Las marchas de este primero de mayo, más que un ritual anual, son un recordatorio de que el trabajo digno sigue siendo una meta en construcción. Y que, mientras exista un solo trabajador en la informalidad o sin garantías, la agenda laboral seguirá siendo una tarea pendiente para el Estado, el sector productivo y la sociedad en su conjunto. ¡Feliz día para todos los trabajadores!
