El ajuste fiscal exige responsabilidad

La Ley de Rescate Económico no puede ser una bandera de alguien. Es un asunto de interés nacional que compromete el futuro de las finanzas públicas y el bienestar de los colombianos.
La presentación del Proyecto de Ley de Rescate Económico y Fiscal, con el que el Gobierno pretende reducir el gasto público en 45 billones de pesos, equivalentes al 2.2% del PIB, abre una discusión que el país no puede aplazar ni abordar a la ligera. La situación de las finanzas públicas reclama decisiones de fondo y un compromiso que trascienda las diferencias políticas.
La iniciativa plantea que el Estado asuma el 70 por ciento del ajuste, fundamentalmente mediante la reducción de la mitad de los contratos de prestación de servicios, un recorte del 20 por ciento en los gastos de funcionamiento y la venta de algunos activos improductivos. Son medidas de considerable impacto sobre la administración pública y el funcionamiento de las entidades estatales.
A ello se suman modificaciones tributarias que contemplan ajustes al impuesto de renta para las personas naturales y un aumento del IVA para determinados productos de la canasta familiar, acompañado de un mecanismo de devolución de ese impuesto a los hogares de menores ingresos. Se trata de decisiones que inciden directamente en el bolsillo de los ciudadanos y en la actividad económica.
El debate deberá establecer, además, si los ahorros anunciados son realmente alcanzables, en qué plazos se producirán y cuáles serán sus consecuencias sobre la prestación de los servicios públicos. Reducir contratos y gastos no puede convertirse en un ejercicio de recorte indiscriminado que termine debilitando funciones esenciales del Estado o afectando a quienes dependen de ellas.
Igualmente, será indispensable examinar con rigor el efecto de las medidas tributarias. La devolución del IVA a los sectores de menores ingresos debe tener mecanismos claros, oportunos y verificables. No sería aceptable que el alivio prometido termine convertido en una compensación incierta frente a mayores costos que sí tendrán que asumir los consumidores.
El Congreso tiene, por tanto, una responsabilidad que no admite ligerezas. No se trata de aprobar a pupitrazo una iniciativa del Gobierno, pero tampoco de convertirla en escenario de confrontación partidista, cálculos electorales o retaliaciones políticas. Cada disposición debe ser examinada por sus efectos económicos, sociales y fiscales, escuchando a los sectores involucrados.
Colombia necesita urgente recuperar el equilibrio de sus cuentas públicas, controlar el crecimiento de la deuda y evitar que el costo de los desequilibrios termine trasladándose a las próximas generaciones. Pero ese propósito exige también transparencia en las cifras, austeridad efectiva, eficiencia administrativa y garantías de que los sacrificios se distribuirán con criterios de equidad.
La Ley de Rescate Económico no puede ser una bandera de alguien. Es un asunto de interés nacional que compromete el futuro de las finanzas públicas y el bienestar de los colombianos. Discutirla con profundidad, responsabilidad y absoluta independencia política es la obligación de quienes tienen en sus manos la decisión.
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