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viernes, julio 19, 2024

EDUCACIÓN: DERECHO FUNDAMENTAL

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Por: Jaime Cortés Díaz

Sea lo primero afirmar que cuando existe diálogo dirigido a acuerdos, las cosas se vuelven realizables. Es el caso sucedido en el tercer debate en la Comisión Primera del Senado acerca de establecer el derecho fundamental a la educación, mediante reconocimiento constitucional. Al filo de rodar por el abismo del que no se regresa con vida normativa, el oficialismo, la oposición e independientes votaron por unanimidad (19 congresistas) el proveído de 44 artículos. Sinembargo, algunas reformas que no fueron del agrado de Fecode, son logros dentro de los objetivos de la cualificación profesional. De suyo, se despeja el camino procedimental a la plenaria; el tiempo es muy ajustado al 20 de junio próximo. Se unificaron las dos ponencias controvertibles entre sí, pero no fue posible que el gobierno cediera en calificar a la educación de servicio público esencial, por ser esa sustancialidad una talanquera legal para declarar paros y huelgas en el sector. Lo que sí es positivo es la determinación que obliga periódicamente a evaluar a los docentes, cuestión que siempre la organización sindical ha rechazado, además que objetivamente impone los resultados que obtengan los estudiantes en las pruebas de Estado que servirán como criterio calificatorio a los maestros (art. 39). De allí también hay que decir que un profesorado idóneo, actualizado, con visión de mundo, equidad y reformador coadyuvante de tejido social, debe estar bien remunerado y atendido en gracia a su magisterio civilizador. De igual suerte a determinar una magnífica asistencia a quienes ejerzan la docencia con abnegación patriótica en la denominada Colombia Profunda, tal como desde esta columna se ha sostenido.

En cuanto al área en cuestión, aquí no termina todo. En medio del arrebato y

el desbarajuste institucional en la Universidad Nacional, está anunciada la reforma a la ley 30 de 1992 sobre regulación de la educación superior; lo atinente al sistema de participaciones que constituye la más grande provisión de recursos. En el punto que tiene que ver con la autonomía universitaria que, en su transcurrir ha dejado mártires, hay llamados fuertes para conservarla en su plenitud. La pugna va a tener metido un brazo extraño en el Alma Mater con el fin de erigir desde ese lugar un falso templo, real y simbólico, para torcer la institucionalidad. No hay que olvidar que la universidad se debe a la sociedad de manera sostenible y no a intereses autocráticos.

Reconocer el modelo mixto en la prestación educativa es de gran conveniencia para el país. Debe ahondarse en calidad y mejorarse los componentes básico e intermedio, especialmente en lecto-escritura, matemáticas, pensamiento crítico y obligatoriedad del inglés, amén del uso de medios tecnológicos y la IA. En los estudios superiores es necesario recortar años (menos en salud) y propender asimismo por posgrados. Además, la cobertura debe tener una línea paralela a la pertinencia que no es otra que aumentar gigantemente la productividad con el apoyo académico, puesto que, de no ser así, el desempleo profesional traerá mayores problemas al subdesarrollo actual.

 

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