La judicialización del ordenamiento territorial

David Garzón

La Constitución Política de 1991 le otorgó a los municipios y a los distritos la competencia de reglamentar los usos del suelo a través de los respectivos concejos. Tal prerrogativa es coincidente con el papel destacado que el Constituyente quiso otorgar al nivel local como regente de su propio destino, en un ámbito de autonomía y coordinación con el resto de entidades territoriales. Con independencia de la opinión que tengamos de este modelo, es el que nos rige y vincula.

No obstante, en los últimos años, los jueces de la República principalmente al conocer de acciones constitucionales, han adquirido un rol activo en la ordenación del territorio. Así, tanto en la región como en el resto del país se observan fallos que suspenden planes de ordenamiento territorial o, inclusive, imparten órdenes sobre cómo debe regularse cierto aspecto o acometer obras específicas.

Por supuesto, en un sistema democrático es deseable que la jurisdicción ejerza un control sobre el resto de las ramas del poder público, de manera que se eviten abusos y se preserve la institucionalidad en el marco de la ley y el respeto a los derechos. Sin embargo, en materia de regulación urbanística surgen una serie de reparos al ejercicio judicial bien intencionado pero mal concebido.

La primera dificultad versa sobre una cuestión de legitimidad, como quiera que a quien le debe corresponder la regulación de las condiciones de desarrollo del suelo es al órgano de representación elegido democráticamente, como lo es el Concejo municipal. En tal sentido, ¿Por qué debería un juez, quien no es designado por voto popular, decidir sobre los destinos del ordenamiento en la soledad de su despacho cuando la Constitución prevé cosa distinta?

El segundo problema se deriva del sustento técnico que exige el diseño de las normas urbanísticas, las cuales por expresa disposición de la ley deben soportarse en estudios económicos, sociales y científicos, lo que explica los equipos interdisciplinarios que en las administraciones locales están detrás de la confección de los estatutos de ordenamiento territorial, de los cuales carece un juez, que en muchas ocasiones debe valerse de pruebas periciales, en cuya práctica y regulación aún hace falta mucha maduración en nuestro medio o, peor aún, de su propio criterio lego en estas cuestiones.

Por último, el ejercicio indebido del control judicial es una fuente peligrosa de inseguridad jurídica, dado que las perspectivas de desarrollo se fundan en la certidumbre de que las normas se mantendrán vigentes o, ante un cambio, garantizarán que se respeten las legítimas expectativas de quienes confían su futuro a la institucionalidad. Esta confianza se defrauda cuando un juez, al amparo de un equivocado entendimiento del interés público, toma decisiones que desbaratan proyectos y causan ingentes perjuicios.

En este panorama, a las administraciones les corresponde seguir rigurosamente las normas que disciplinan la regulación del suelo, y a quienes actuamos en estos ámbitos, además de coadyuvar esos esfuerzos, ejercer los mecanismos para defender los intereses de los afectados cuando a ello haya lugar..

Socio de Pinilla González & Prieto Abogados. dgarzon@pgplegal.com