Dónde están las ías

El acrónimo “ías” hace referencia a los distintos organismos de control y
vigilancia, encargados de supervisar la gestión pública, investigar el manejo de los
recursos del Estado y sancionar la conducta de los funcionarios públicos. Nuestra
Constitución, en sus artículos 117-119, se refiere a ellas como entidades
autónomas e independientes, creadas para garantizar la transparencia y evitar la
corrupción. Los principales organismos de control son la Procuraduría General de
la Nación, encargada de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes,
ejerciendo el control disciplinario sobre los servidores públicos, castigando las
violaciones a la ética y a la extralimitación de sus funciones. Sus sanciones son de
carácter administrativo, como multas, suspensiones o destituciones, no pudiendo
imponer penas de prisión. La Contraloría General de la República, que controla el
uso eficiente de los recursos públicos y el patrimonio del Estado. No castiga
personas, no mete a nadie a la cárcel ni destituye empleados, solo busca
recuperar el dinero que el funcionario público o contratista se apropió o malversó.
Investiga los delitos en materia penal y acusa a los presuntos infractores ante los
tribunales y juzgados competentes. Existiendo estas entidades con claras y
precisas funciones, la pregunta que salta a la vista y se hace el ciudadano del
común es, ¿y dónde estuvieron bajo el gobierno Petro? ¿por qué no actuaron
cuando era su obligación? Los grandes desfalcos no solo se conocieron ahora,
denunciados por el nuevo Gobierno, sino que muchos de ellos fueron conocidos
en su momento y, sin embargo, poco o nada hicieron estos organismos por
investigarlos y sancionarlos. En honor a la verdad, debemos admitir que en
algunos pocos casos lo hicieron, pero no con la suficiente celeridad y
contundencia. Además, su ineficiencia se debe a barreras estructurales, demoras
procesales y dinámicas políticas que frenan y limitan su impacto inmediato. Al ser
órganos cuyos directores son escogidos mediante procesos eleccionarios en los
que intervienen el Congreso, las altas cortes y el presidente de la república,
terminan convertidos en fortines políticos, actuando selectivamente de acuerdo al
gobierno de turno. Como lo hemos dicho en reiteradas columnas, se hace

impostergable la modificación de principios constitucionales para impedir, en este
caso concreto de los organismos de control, que los nombrados sean elegidos por
el Congreso de ternas confeccionadas por el presidente y las altas cortes, para
evitar ser manoseados como hoy sucede. Igualmente, el control externo que
ejerce la Contraloría es un control posterior que resulta absurdo, por cuánto la
actuación se da cuando el daño al patrimonio público ya se ha consumado y los
recursos se han perdido. Esta es una vieja discusión, pues el control previo existió
durante la Constitución de 1886, que la Constitución del 91 suprimió, e introdujo el
control posterior, aduciendo coadministración por parte de las contralorías. Ante la
desbocada corrupción, se hace necesario el control integral en sus distintas
facetas; previo, concomitante y posterior, teniendo presente que estos tres tipos
de control son complementarios y no excluyentes. Si bien el control previo atrasa
la ejecución del programa, el hacerlo de manera integral garantiza la
transparencia. Históricamente el control fiscal del país ha sido reactivo y no
preventivo. La eficacia del control fiscal es decisiva en esta cruzada contra la
corrupción, por lo que se hace indispensable que la Contraloría acompañe la
ejecución de los recursos públicos mediante la vigilancia previa (preventiva) y la
concomitante (mientras se ejecuta el gasto).

Alberto Zuluaga Trujillo.

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