Un nuevo decreto

Alberto Zuluaga Trujillo

Columnista

En nuestra columna del pasado 27 de abril titulada “Cárceles a merced del Coronavirus” dijimos claramente que el decreto 546 expedido por la Presidencia de la República, que buscaba excarcelar transitoriamente a no menos de 4000 presos condenados por delitos menores, como medida para garantizar la vida y la salud de los presos en Colombia, debió contemplar medidas de excepción como el aumento de jueces de ejecución de penas únicos autorizados para tramitar las solicitudes de prisión domiciliaria. Al momento de su tardía expedición iban 83 contagios en su mayoría en la cárcel de Villavicencio. Dicho y sucedido. Tras el engorroso procedimiento hoy, en la misma cárcel, los contagios se aproximan a los 1000 casos y los presos que han logrado salir en todo el país no alcanzan los 500. El pasado 21 de marzo, antes de que el virus llegara a las cárceles, el miedo al COVID19 desató una seria revuelta en el centro penitenciario La Modelo de Bogotá causando la muerte de 23 detenidos y 90 heridos, hecho éste señalado por la Ministra de Justicia como intento masivo y criminal de fuga. Los hechos de violencia también se presentaron en las cárceles El Buen Pastor y La Picota de Bogotá; Bellavista, Pedregal, Puerto Berrio e Itagüí en Antioquia; Picaleña en Ibagué; Cómbita en Boyacá y la cárcel de Jamundí en el Valle. Fácil es deducir entonces el infierno que se vive al interior de estos penales lo que obligó al Procurador a exigir declaratoria de emergencia carcelaria para garantizar condiciones de salud y hacer efectivos los derechos de los reclusos. Aunque en otros campos se ha visto la voluntad y la contundencia en las medidas adoptadas por el Presidente, el Gobierno se quedó corto en la preservación de la salud en los centros penitenciarios, subyaciendo el hecho de que nuestro país no ha sido capaz de enfrentar adecuadamente la magnitud de la crisis carcelaria. Con la expedición del nuevo decreto de emergencia económica, por segunda vez y por otros 30 días, tiene el Gobierno la oportunidad de enmendar los errores cometidos en el decreto 546 dictado para atender la atención de la pandemia en las penitenciarías y proceder a la excarcelación, sin tantas barreras ni excepciones de los condenados por delitos menores y aquellos que aun no lo han sido, buscando reducir el principal foco de propagación del virus en varias ciudades y atender sin dilaciones un problema mayúsculo de salud pública que afecta, tanto a quienes están adentro, como a los de afuera de los centros de reclusión, empezando por las familias de los guardias del Impec. Por ello insistimos en un claro decreto pensando en la salud y en la vida de todos. Desde luego, somos conscientes que un escrito como éste poco o nada llama la atención de quién lo lee, porque muy dentro de nosotros tenemos claro que  no por buenos están allá y muchos los consideran ciudadanos de segunda no sujetos de derecho alguno. Pero insistentemente, por estos días, hemos dicho que el dolor y la tragedia  que ha significado el Coronavirus deberán servirnos, una vez salidos de ésta, para ser hombres nuevos sin resentimientos ni amarguras.

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