Pereira, ahogada por los invasores

James Fonseca Morales

Columnista

El poco el movimiento de los presupuestos en los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, cuando esta a punto de terminar el ejercicio fiscal de 2019, nos permite volver la mirada a fallas de la gestión pública que impactan de manera importante la vida de las comunidades.

Hoy, para los pereiranos, la situación que más les agrede colectivamente es el desborde de la invasión del espacio público de su ciudad. Como no es posible calcular su magnitud, la describimos: en el centro de la ciudad, por cuadras enteras, es imposible bajar o subir al andén, pues cada centímetro está ocupado por ventas informales.

Además, quien pretenda atravesar la barrera que forman, se arriesga a recibir insultos y amenazas de los invasores y entonces, los ciudadanos no solo tenemos que sopor la violación al derecho de libre movilización, sino que nos sentimos burlados por las sucesivas administraciones municipales.

En tiempos del alcalde Israel Londoño se firmó un Pacto Cívico entre los vendedores callejeros, el comercio formal y la alcaldía, considerado modelo en el país. Su ejecución comenzó con el Registro Único de Vendedores Informales de Pereira, RUVIP, luego se entregaron algunos módulos metálicos y algunos expendios móviles de frutas, pero no hubo fondos para más.

En el Plan de Desarrollo del alcalde Enrique Vásquez se estableció como meta, del Plan Integral de Manejo de Vendedores Ambulantes, sacar de la calle a unos 400 de los 2.000 vendedores inscritos en el RUVIP. Después de pagar por la salida de unos pocos, las zonas que tenían invadidas fueron demarcadas sobre los andenes, pero hoy están reinvadidas.

En ese gobierno, Findeter y el Reino Unido cofinanciaron un estudio, de la firma inglesa Atkins, en cuya fase de diagnóstico el municipio recibió otro inventario de los vendedores que ocupaban el espacio público en el centro histórico.

Luego de asumir su cargo, el primer secretario de gobierno del alcalde Gallo, reveló que ya la cifra de vendedores callejeros, en Pereira, podía estar sobre 5.000 y advirtió: “Llegó un gobierno con sentido social, pero con autoridad”.

Casi cuatro años después, en este diciembre, lo único que resalta de esa autoridad, frente a la invasión multiplicada, es su ausencia. Entonces, a la ciudadanía solo le queda denunciar el desacato al fallo de la acción popular 942 de 2002, proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda, donde el municipio se comprometió a poner orden en el espacio público del centro de Pereira.

Cuando ya existen dos censos y varios planes de acción, aprobados, incluido el de Atkins; es inaceptable que el municipio, en los últimos once años, haya incumplido los compromisos que adquirió por esa acción popular, alegando siempre, que no hay dinero para atenderlos.