La sanción que es un efecto

James Fonseca Morales

Columnista

En una actitud de soberbia que resulta inadmisible, los funcionarios públicos tienen la mala tendencia a considerar enemigos de sus gobiernos a quienes se atrevan a señalar sus errores y por ello a cerrar sus oídos a tales observaciones, así sean el efecto de un razonamiento lógico.

Sin conocer el texto de la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación al exalcalde de Pereira, Enrique Antonio Vásquez Zuleta y a su exsecretario Jurídico, Emilio Antonio Grajales Ríos, podemos decir que la noticia sobre el hecho, procedente de misma Procuraduría General, es imprecisa, puesto que nunca existió una licitación para adjudicar la construcción y adecuación de la intersección vial denominada UTP-Canaán que, según esa fuente, fue el proceso en el que se cometió la irregularidad que causó la penalización.

Esa construcción hizo parte del “Plan de Obras 2013-2015” que el municipio de Pereira pretendió financiar mediante la contribución de valorización y quedó, como parte del grupo 1 de las adjudicadas en una sola licitación, la 312 de 2014, por lo que la sanción de la Procuraduría no puede ser producto de irregularidades en el contrato de una obra, sino en todo el conjunto.

Durante el trámite de esa licitación hubo un clamor vigoroso de varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Corporación Vigía Cívica, pidiendo transparencia, y advirtiendo que los parámetros para presentar propuestas excluían la posibilidad de participación de la ingeniería local, salvo en consorcios con empresas foráneas, producto de una modificación hecha en los pliegos definitivos de la licitación, que cambió la cantidad de los grupos de obras, pasando de cuatro a dos, con el consiguiente aumento en las capacidades económicas y en las experiencias, exigidas a los proponentes.

También hubo quejas por una audiencia realizada el 31 de diciembre de 2014, que se consideró como una maniobra para disminuir la asistencia de potenciales proponentes y por el posterior cambió en la forma de acreditar la experiencia, pues inicialmente bastaba con acreditar obras por el 25% del presupuesto oficial, pero luego exigieron el 50%.

El telón de fondo fueron las polémicas generadas por la aprobación de la financiación de las obras por valorización, que fue declarada nula por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda y por las irregularidades en el derrame de esa contribución

Pedimos entonces, junto a otras voces de la ciudad, saludables rectificaciones, tanto en el proceso de contratación de las obras como en el derrame del gravamen, pero no fuimos escuchados.

Ahora, la sanción referida, es el efecto necesario de la sordera del gobierno municipal de entonces, el otro fue la obligación del Municipio de Pereira de devolver el dinero que había recaudado por esa valorización.