La desconfianza está en Aguas y Aguas (II)

James Fonseca Morales

Columnista

En nuestra columna anterior nos referimos al recurso de insistencia del exconcejal Carlos Alfredo Crosthwaite, frente a la negativa de Aguas y Aguas de Pereira, de entregarle una información sobre la contratación de esa empresa y dijimos que el Juez falló el recurso ordenado a Aguas y Aguas entregar lo solicitado, lo que generó, como enérgica repuesta de esa empresa, una acción de tutela contra ese Juez por haber resuelto en contra de sus intenciones de mantener oculta su información.

En esa columna señalamos que la Ley 1150 de 2007, en su Artículo 13, al introducir medidas para la eficiencia y la transparencia en la contratación pública, dispuso que las entidades estatales, que por Ley tienen un régimen contractual excepcional, deben aplicar los principios contenidos en al artículo 209 de nuestra Constitución Política.

Para bien de la ciudad y siendo justo con sus ciudadanos, el Tribunal Administrativo de Risaralda ha fallado la tutela, negando las pretensiones de Aguas y Aguas y consignando, entre otros, el siguiente argumento sobre entidades públicas, como la autora de la tutela: “lo cierto es que en los términos del artículo 13  de la Ley 1150 de 2007 y por virtud de la misma prestación de un servicio público, éstas (las entidades) en desarrollo de su actividad contractual deben observar, entre otros, los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, esto es, de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.”

En la tutela, Aguas y Aguas argumentó que existía una violación a su privacidad en la orden judicial de entregar la información, el Tribunal, después de un claro análisis, dijo: “(…) estima esta Corporación que no se encuentra vulnerado o amenazado el derecho fundamental a la intimidad personal alegado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado da Pereira S.A.S. E.S.P., (…)”.

Con la claridad que produce el fallo no debería quedar incertidumbre, ni siquiera en Aguas y Aguas, de la obligación de entregar la información que con frecuencia han negado a quienes pretenden ejercer el control ciudadano en esa empresa y nos preguntamos: detrás de la pretendida intimidad, ¿qué cosas se habrán ocultado? Pediremos a los organismos de control que lo investiguen.

Entre los principios contenidos en ese Artículo 209 está el de publicidad, sobre el que ha dicho la Corte Constitucional que: “(…) facilita el control ciudadano de las decisiones de las autoridades; (…)” (Sentencia C- 802 de 2006). Como la aplicación de este principio dejaría expuesta la contratación de Aguas y Aguas al escrutinio público, podemos pensar que, tal vez, lo que quieren evitar sus funcionarios, por considerarlo inconveniente, es el control ciudadano sobreviniente. 

La resolvió, en más que una controversia jurídica entre el gobierno de turno y uno de sus principales contradictores.