Hipotecas en España y Colombia

Rodrigo Ocampo Ossa

Columnista

El abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respondido  la consulta de un Juez de Barcelona sobre la posibilidad de anular las hipotecas basadas en el índice de referencia para los préstamos hipotecarios (IRPH), afirmando que pueden serlo por inequitativas y poco transparentes, a pesar de su origen estatal. Esa decisión abre la puerta a los reclamos de miles deudores abocados a pagar durante años sumas excesivas al sistema financiero o perder sus viviendas, lo que tiene a ocho bancos al borde de un ataque de nervios pues tendrían que devolver como 16.000 millones de euros recibidos en exceso. Algo parecido ocurrió en Colombia hace veinte años, pero con un final diferente.  El UPAC, de origen estatal, era un índice de referencia atado a la inflación para los préstamos hipotecarios, pero a instancias del sistema financiero se modificó para amarrarlo al DTF que por la época superó el 30% anual. Así, el pago las deudas para adquirir vivienda pasaron de tres a siete veces de su valor original, causando una crisis monumental que en su momento fue resuelta con la declaración de ilegalidad del UPAC por el Consejo de Estado (mayo 21 de 1999), la creación del UVR y un auxilio para los deudores, pagado con un impuesto a las transacciones financieras con el cual se rescató al sistema financiero y sigue vigente como 4 por mil. Esas medidas paliaron la crisis, pero no fueron suficientes para las mas de cien mil familias que perdieron irremediablemente sus viviendas. En su nombre se demandó al Banco de la República en la primera acción de grupo del país. Este proceso deambuló dieciocho años en los juzgados por cuenta de los sucesivos recursos para demorar un fallo, que llegó finamente a favor del Banco de la República cuando previamente se modificó la jurisprudencia preexistente sobre la responsabilidad del Estado por el UPAC (sentencia SU 353 de 2013). Colorín colorado: Mientras en Europa hay un tribunal que permite los reclamos contra los Estados por sus errores, en Colombia la Corte Constitucional declaro que aquí no pasó nada. ¡Y hay quien se sorprenda porque la JEP llama retenciones a los 36.000 secuestros cometidos por las Farc!