Derecho a protestar, sí, pero sin encapuchados

Augusto Mejía

Columnista

El paro que comenzó el 21 de noviembre del año pasado y se agudizara en diciembre, ha recomenzado el 21 de enero de este año, pero no puede volverse indefinido porque hace un inmenso daño a la economía nacional. En su columna “Tiro directo”, en El Tiempo del 1/12/2019, Mauricio Vargas se preguntaba cuál es “el partido que marcha”. Son tantas las incongruencias o peticiones encontradas de los reducidos marchistas, que la Nación no sabe a ciencia cierta quiénes son sus dirigentes; y ello como resultado de la anarquía política. Recordaba Mauricio Vargas como en 1977, en tiempos de Alfonso López Michelsen, por tres días, millones dejaron de ir a trabajar, y en las calles no se movía una hoja; porque el terror encapuchado, logró colapsar a Transmilenio. La 1ª incongruencia es la de los “partiditos que marchan”. El de los anacrónicos dirigentes del Centro Democrático –no todos– que le reclamaban al Presidente Duque “que sacara al ejército a las calles y reprimiera las manifestaciones de esos días”. La 2ª, de Sergio Fajardo, que le pidió al Presidente “soluciones rápidas, porque de lo contrario, la calle seguriá hablando”. A lo que Mauricio Vargas responde: “no hay soluciones fáciles ni mucho menos inmediatas” (El Tiempo 1/12/2019). La 3ª, el monto más álgido de las marchas fue el de 300.000 personas, o el 1% de los colombianos habilitados para votar; y Vargas se pregunta: “¿Puede el 1% de los votantes imponer la agenda de reforma que necesita Colombia?” Es urgente reglamentar las marchas callejeras, como lo propone Andrés Espinosa Fenwarth, en Portafolio del 21/01/2020: “Las marchas ciudadanas han servido para poner el foco de atención en la relación existente entre la democracia participativa y la democracia representativa, asunto que es examinado con acierto en la exposición de motivos del proyecto de ley 280 de 2019 del partido Conservador, que pretende regular la manifestación social pacífica” (Portafolio, página 21); y Andrés Espinosa Fenwarth concluye: “El proyecto propone crear un fondo administrado por una fiducia, denominado Fondemocracia, adscrito al Mininterior, para indemnizar a los afectados por los daños físicos y patrimoniales de movilizaciones sociales”. A marchar, sí, pero sin capuchas ni daños.