A depurar las administraciones

Alberto Zuluaga Trujillo

Columnista

Posesionados el Gobernador y los alcaldes de Risaralda esperamos, no solo el cumplimiento de sus programas de gobierno, sino la transparencia total en cada una de sus actuaciones como gobernantes. Aprobada por el Congreso de la República la exigencia de la publicación de la declaración de bienes, rentas, ingresos  y registro de conflictos de interés de los funcionarios públicos que administren, gestionen recursos públicos u ocupen cargos de elección popular, proyecto que hizo parte de las iniciativas originadas en la Consulta Anticorrupción pactadas entre el Gobierno y las distintas fuerzas políticas, no conocemos ninguna que se haya presentado en Risaralda.

 

Si bien en cuanto tienen que ver con las del Gobernador y los alcaldes de los catorce municipios, cuyas posesiones se efectuaron antes del 31 de diciembre, debemos aceptar que estas no obligaban su presentación pues, la sanción presidencial de la ley 2013, fue precisamente el último día del año 2019. No obstante lo anterior y en cumplimiento del principio de transparencia, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, conjuntamente con todos sus secretarios, posesionada antes del 31, hicieron públicas sus declaraciones de renta como también las declaraciones de conflicto de intereses.

 

Igualmente, por ley, están obligados todos los servidores públicos electos mediante voto popular, llámense Senadores, Representantes, diputados o concejales. La norma estipula que su publicación es un requisito para que los funcionarios puedan posesionarse, ejercer y retirarse del cargo, debiendo actualizarla cada año dentro del mes siguiente a su presentación ante la Dian. Desde luego que el testaferrato es un recurso del delincuente.

 

Todo lo que hagan los funcionarios y servidores públicos en función de la transparencia es poco ante la desbocada corrupción que carcome por igual a todas las instituciones del Estado y ante la cual el ciudadano del común está convencido que llegar a una cualquiera de esas posiciones es un golpe de suerte como el ganarse el baloto  o la lotería. Por eso estamos hartos de escuchar la hueca palabrería de los gobernantes de turno  que anuncian el freno en los saqueos de las distintas empresas oficiales.

 

Bástenos mencionar el Hospital San Jorge del que se dice tiene dueño, amén de otras importantes entidades. La contratación pública,  ¿continuará amarrada a las viejas prácticas de las licitaciones sastre? o veremos por el contrario a un Gobernador y a unos alcaldes comprometidos con la transparencia dónde la ética sea el denominador común en sus actuaciones administrativas. La principal falencia de la lucha anticorrupción no es la ausencia de un completo estatuto que la regule.

 

No; leyes tenemos por montones. Es la falta de una pedagogía de cobertura nacional que desde la primaria hasta las universidades inculque la ética en su acepción más amplia y profunda como materia fundamental en la formación de profesionales que mañana servirán en la actividad pública o privada. Es menester sacar de la cabeza de quien aspire a un cargo o puesto público la idea del Estado como botín como medio de enriquecimiento personal. ¿Qué dicen el Gobernador y los Alcaldes?

alzutru45@hotmail.com