James Fonseca
Con frecuencia las grandes amenazas ambientales avanzan ocultas entre trámites administrativos, estudios técnicos y decisiones que parecen inofensivas y cuando la sociedad advierte su verdadero alcance el daño ya puede ser irreversible.
En 2024 la Agencia Nacional de Tierras (ANT) intentó adquirir, calladamente, predios ubicados dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados para el reasentamiento de comunidades campesinas. Aunque posteriormente la Agencia lo negó, los documentos conocidos demostraron que las negociaciones existieron.
La reacción oportuna de las autoridades ambientales y de los gobiernos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, de los medios de comunicación y de la sociedad civil logró detener aquella iniciativa.
Ahora la historia parece repetirse: La ANT adelanta la compra de 82 hectáreas, en la vereda La María, sector Puente Albán, jurisdicción de Santa Rosa de Cabal, para desarrollar allí proyectos campesinos derivados de la Reforma Rural Integral, en una zona ambientalmente estratégica de la cuenca media del río Otún que, aunque está en el límite jurídico del Parque Los Nevados, hace parte de su territorio ecológico y por allí descienden afluentes del río Otún. Entonces lo que allí ocurra no afectará únicamente a quienes habiten esas 82 hectáreas, sus efectos se proyectarían sobre la principal fuente de agua del 80% de los risaraldenses.
Por ello preguntamos: ¿es razonable introducir nuevos asentamientos humanos y actividades agropecuarias en un territorio cuya función principal ha sido precisamente proteger el agua?
El Acuerdo 036 de 1987, de la CARDER, estableció un régimen especial para la protección de la cuenca alta y media del río Otún, limitando el uso del suelo y restringiendo actividades agrícolas y pecuarias en áreas estratégicas, además de prohibir nuevas concesiones de agua y autorizaciones para vertimientos. Una política de conservación diseñada para proteger uno de los ecosistemas más sensibles y estratégicos del departamento.
La Corte Suprema de Justicia, al reconocer al Parque Nacional Natural Los Nevados como sujeto de derechos, señaló que este ecosistema constituye uno de los principales reguladores del recurso hídrico para once municipios de cuatro departamentos, lo que obliga a que cualquier intervención en su entorno sea analizada bajo el principio de máxima precaución y no bajo la lógica de que todo aquello que no esté expresamente prohibido puede hacerse.
Sí en 2024 no hubiera existido reacción hoy estaríamos lamentando una decisión que comprometía un ecosistema que la región ha venido cuidando desde 1940 cuando se estableció la Zona de Reforestación del Rio Otún, que fue la segunda del país.
Por eso hacemos un llamado a las comunidades y a los gobiernos de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Pereira, los tres municipios que se abastecen del Otún; a la gobernación de Risaralda, a la Procuraduría General de la Nación y a la CARDER, entidad a la que, desde diciembre de 2025, se le transmitió una inquietud sobre este asunto, para que, actuando a tiempo, eviten la adquisición de este predio.
Cuando el agua está en riesgo, el silencio deja de ser prudencia y se convierte en responsabilidad compartida.
