Carlos Andrés Hernández
Colombia ha enfrentado muchos momentos históricos de violencia entre diferentes actores, con connotaciones particulares en cada caso, llámese violencia de los 50 producto del bipartidismo, las luchas guerrilleras en los 80s y los carteles del narcotráfico, el conflicto de las antiguas guerrillas y grupos de paramilitares en el año 2.000, o el más reciente conflicto con las Farc en el gobierno Santos. Colombia por su configuración histórica conflictiva y muchas falencias y problemáticas estructurales desde lo económico y lo social, sumado a la inoperancia de sus instituciones, viene afrontando muchas deficiencias en materia de justicia y equidad social. Todas estas debilidades del Estado para solucionar los problemas básicos y satisfacer la necesidad de sus ciudadanos han venido desencadenando fenómenos de violencia que se repiten décadas tras décadas expresadas en diferentes manifestaciones y actores. En varios textos y trabajos de investigación se ha venido analizando el papel de las comisiones que han tratado de abordar esos fenómenos violentos con el fin de no solo reconstruir un pasado, sino también poder generar esas alternativas que generen una visión más amplia para la construcción de un futuro mejor en medio de un escenario de dialogo. Llámense comisión investigadora del 58, la comisión preconstituyente de los 80s (violentologos), grupo de memoria histórica en el marco de la ley de justicia y paz, o el tratado de la Habana bajo el marco de la jurisdicción especial para la paz. En muchas ocasiones las diferentes comisiones terminan volviéndose un mecanismo de planificación, gestión y ejecución de acciones, convirtiéndose en un eje importante extensor donde no alcanza llegar ni siquiera el mismo Estado o los diferentes actores políticos, siendo una esperanza de solución a los problemas que aquejan la sociedad. Esa confianza de los actores afectados o de las víctimas en estos mecanismos también radica en un aspecto importante a resaltar y es que cada vez son más los espacios de participación ciudadana donde las víctimas del conflicto son escuchadas y pueden interactuar, en mi concepto uno de los mayores logros de los procesos realizados, es el de generar espacios y mecanismos por las cuales las victimas cada vez son más escuchadas y visibilizadas; Desde leyes implementadas hasta instituciones y beneficios creados han permitido que las voces de las víctimas y los que ya se han ido tengan eco en la sociedad civil y en diferentes orbitas gubernamentales. Con esto comienzan a abrirse grandes puertas en materia de justicia, verdad y reparación. Sin embargo observamos que para lograr estos fines, es importante tener mayores compromisos con estos procesos de reconstrucción, encontrándose muchas falencias en materia de recursos e inversión de los diferentes actores, especialmente del Estado, de esto depende que los procesos de reconstrucción de memoria y de paz lleguen a un buen puerto, no se deben escatimar esfuerzos en apoyar a la población inmersa en el conflicto, llámese víctimas, desplazados o desmovilizados. No generar todos los esfuerzos y las garantías institucionales, promueven la injusticia e impunidad, hacen que el conflicto no tenga fin y que se repita de manera indefinida, mutando en sus características e incidencias, cambiando de actores y protagonistas. Sin embargo a pesar de ser difícil de garantizar el concepto de justicia en medio de fenómenos tan arraigados de violencia, es imperante insistir en el apoyo constante que se le debe dar a las comisiones de memoria y verdad, al igual que las acciones derivadas de dichos procesos de investigación que se deban materializar.
