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lunes, julio 15, 2024

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Gabriel Alberto Toro Peláez
Columnista

Justicia politizada. La Corte Constitucional, variando su propia jurisprudencia y su posición garantista, frente a intereses de conocidos criminales, niega la tutela presentada por el expresidente Álvaro Uribe, en demanda del debido proceso.

La Corte Constitucional ha equiparado la indagatoria, rendida ante la Corte Suprema   con la “imputación de cargos”; diligencias muy diferentes, ambas creadas por la ley, en garantía de derechos fundamentales.

La indagatoria es un medio de defensa del procesado, para que explique su conducta; y, se cumple con plena libertad de expresión, estando prohibida allí toda presión del funcionario investigador; de las partes y sus abogados contra el encartado, que puede también negarse a contestar.

En cambio, la “imputación de cargos” es el señalamiento judicial razonado, para enterar al procesado de cuáles conductas será acusado, de conformidad con lo previamente conocido por el investigador. Son pues dos eventos procesales distintos, por su naturaleza y sus características especiales.

La Corte Constitucional, según enterados comentaristas, ha dado una nueva muestra de parcialidad en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien le desconocen principios universales del Derecho, como la imparcialidad, la legalidad, la presunción de inocencia y el beneficio de la duda, que exigen rigurosidad en el procedimiento y la prueba acusatoria.

El proceso contra  Uribe Vélez, que la Corte Suprema de Justicia originó, tomando copias del expediente contra Iván Cepeda; denunciado por aquel, por manipulación de testigos en sus continuas y probadas visitas a las cárceles que, fue iniciado en la misma Corte, pasando a la Fiscalía por competencia, es el que hoy  no tiene “pliego de cargos” formal y legalmente hablando, diligencia que reclama el expresidente en tutela que resuelve la Corte Constitucional como instancia superior, forzando el significado  de la indagatoria, al darle el carácter de “imputación de cargos”, atropellando así la Ley Procesal Penal; lo cual, se ha interpretado por abogados y comentaristas como un exabrupto judicial, que contribuye a enredar el entramado judicial, en perjuicio del expresidente Uribe; en providencia que ha sido  calificada  como inspirada en el odio visceral que Juan Manuel Santos (mentor de varios magistrados) profesa por quien lo hizo Min-defensa y Presidente de la República y que, curiosamente, fue visto almorzando con tres de los magistrados que fallaron la tutela.

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