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viernes, marzo 1, 2024

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Gabriel Alberto Toro Peláez
Columnista

El reclutamiento de niños, niñas y jóvenes en Colombia, es sistemático por parte de narcotraficantes, alzados en armas o delincuentes, sin que se conozcan políticas de Estado que controlen eficazmente ese fenómeno antisocial de máxima gravedad; pues sólo se escuchan voces de alerta aisladas y una que otra mención de organismos internacionales.

La historia se remonta al año 1960, cuando los narcotraficantes encargaban algunas tareas de espionaje, correo, transporte y distribución de estupefacientes a menores de edad, que veían en ello su reivindicación social; ya que podían desarrollar sus actividades impunemente, puesto que por su edad no podían procesarse penalmente.

Hacia los años setenta, la guerrilla decidió aprovechar las ventajas de reclutar niños, sustraídos principalmente de hogares campesinos, por su vulnerabilidad, las amenazas y el temor de sus padres de verse convertidos en cómplices, debiendo guardar silencio.

El hambre, la falta de oportunidades, la descomposición social, la quiebra de la estructura familiar y la deserción escolar, hicieron su parte, con el adoctrinamiento y la deshumanización, convirtiendo fácilmente a los menores en “máquinas de guerra”, que voluntariamente irían al frente de batalla, mientras los adultos, se protegían en la retaguardia.

La Defensoría del Pueblo calculó los menores de 18 años, incorporados a los grupos ilegales: Paras, Farc y Eln, superando el 60%.

El ansia de sentirse poderosos y el mayor conocimiento del campo, son factores que impulsan a los menores adultos, hacia la “aventura”, oteando mejores y más ambiciosas metas de las que les brinda el ambiente familiar campesino, siendo también reclutados para reponer fuerzas perdidas.

Aspectos estos, todavía más relevantes entre las comunidades indígenas, que ya han sido adoctrinadas en la revolución, contra el establecimiento y el gobierno imperante.

Entidades oficiales y particulares detectaron 13.000 niños y niñas reclutados desde los 8 años, y menores adultos que no ven en el estudio un horizonte de reivindicación; así lo confirman secuestrados liberados que fueron vigilados por ellos.

Según estadísticas del ICBF, en 2004 el 61% de los guerrilleros, fueron secuestrados entre los 7 y 14 años: la UNICEF los calculó en 14.000 en 2005.

Este triste panorama exige del gobierno implementar políticas para rescatar la juventud colombiana, incorporándolos a la sociedad, sin olvidar a aquellos que nunca le han hecho daño.

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