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martes, marzo 5, 2024

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Gabriel Alberto Toro Peláez
Columnista

Me indigna el doble discurso de obligar a los demás a vivir las penurias socialistas, mientras ellos saborean las mieles del capitalismo”
Vargas Llosa.

Siguiendo con el diccionario del absurdo… aquí se le llama “Acuerdo de Paz” a la “claudicación del Estado”. “Justicia de Paz” a un Tribunal, que solo acierta a dispensar impunidad a quienes han delinquido; ofreciendo algunos beneficios, con penas más favorables a militares y policías, a cambio de que confiesen delitos imputados por sus enemigos, para sustentar grandes indemnizaciones, en favor de delincuentes y funcionarios prevaricadores, que posan de víctimas, judicializando así su venganza.

El Estado claudicante dispuso de enormes sumas de presupuesto y otras ventajas en favor de bárbaros y  violentos, como  camionetas blindadas,  asistentes, oficinas, escoltas, curules en Senado y Cámara, incluyendo el calificativo de “Honorables”, a quienes desde la delincuencia saltaron al Congreso, sin haber sido elegidos,  mientras que al resto de los mortales se les exigen paz y salvos, votos, preparación, y constancias de rectitud, para ocupar cualquier cargo oficial, así sea de ínfima categoría.

Hasta la bandera nacional, se exhibe al revés, en actitud irrespetuosa contra el símbolo patrio, seguramente para significar que están poniendo al Estado “patas arriba”.

A los delitos más atroces: el asesinato, la destrucción, el incendio, el secuestro, los ataques a la fuerza pública, las bombas molotov, la quema de policías, los llamamos actos de guerra, si son inspirados o cometidos por gentes de izquierda.

Se llama guerra a la reacción estatal legítima, enmarcada en la constitución, para reprimir o controlar el delito, en búsqueda del orden que demanda una sociedad debidamente organizada.

Al secuestro se le llama retención; al asesinato ajusticiamiento; a la extorsión, contribución; la complicidad con el delito es “política popular”; la disciplina es “tiranía”; la imposición del orden, la legalidad; y el derecho de defensa, son ejercicios abusivos del derecho. La represión del delito, se confunde con ejercicio despótico del poder; los rebeldes y criminales dados de baja en combate, se convirtieron todos en “falsos positivos”, para desprestigiar al Estado, su Fuerza Pública, encarcelar generales y coroneles, vengándose así de ellos. En una palabra, se perdió la tabla de valores, enredaron la Nación, y camuflaron toda clase de delitos en las llamadas “protestas pacíficas”, que protegen algunos jueces con impunidad rampante.

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