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lunes, julio 22, 2024

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Jairo Arango Gaviria
Columnista

El concepto de memoria histórica se atribuye a Pierre Nora (historiador francés), y que significa el esfuerzo de los grupos humanos por encontrar su pasado, valorándolo y tratándolo con especial respeto.
En Colombia, de acuerdo con el Art. 8 de la Ley 975 de 2005, “se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general, que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas”.

Para preservar la memoria histórica en el país, se creó el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), como un organismo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), que a su vez es el encargado de velar porque las víctimas sean reparadas. Al frente de la CNMH, estuvo el historiador Gonzalo Sánchez; actualmente su director es el también historiador, Rubén Darío Acevedo, enemigo público de la JEP y dedicado a interpretar y a negar el conflicto y los hechos para satisfacer el ego de los enemigos de la paz.

Hay pues todo un retroceso y un cambio de dirección que afecta a la JEP y al posconflicto. Esto se entiende, si comprendemos que el interés del gobierno, no es el de fortalecer el proceso de paz con las FARC; sino todo lo contrario, ponerle cada vez más palos en la rueda al proceso, así ante la Comunidad Europea muestre una cara amable.

Esta bipolaridad y ambigüedad queda expuesta cuando dilata lo aprobado en la Habana respecto a los puntos de la JEP allí consignados. Todo con la venia de un Congreso insípido y ambivalente, donde duraron todo un semestre “estudiando” el tema, para concluir que el asunto debía resolverlo la Corte Constitucional, como en efecto sucedió. Esta platica del semestre de los congresistas se perdió, y el Presidente no tuvo más opción que sancionar el acuerdo original de la JEP.

Pero como siempre salen del sombrero nuevas estrategias en contra del proceso de paz, hoy resulta que el presupuesto para el funcionamiento de la JEP era muy oneroso razón por la cual fue rebajado en un 30%. Patricia Linares, presidente de la JEP lo manifestó: “Para el 2019, la Jurisdicción tiene un presupuesto asignado de $90.000 millones de pesos; para el 2020 el Ministro de Hacienda, anunció recursos por $67.000 millones de pesos. La misma medida se aplicó a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda”.

Esto demuestra, lo que desde la campaña política anterior se dijo: hacer trizas el Acuerdo de Paz; y a fe que lo están cumpliendo. En buena hora, los organismos internacionales, entre ellos la Comisión de Seguridad de la ONU, están en alerta máxima como veedores, de un proceso reconocido a nivel mundial como modelo.
En cuanto a Basta Ya, que es el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, aún no hay noticias; aunque como dice el dicho popular, desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo.

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