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miércoles, julio 24, 2024

Ave Caesar (Lorduy) incarceratus te salutant

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James Fonseca Morales

Columnista

En castellano: Salve, César (Lorduy), los que serán encarcelados te saludan. Es la oración que, parodiando la célebre la frase que voceaban los gladiadores en Roma, antes de sus combates a muerte; aun temen tener que pronunciar los periodistas, camino de la prisión.

Y es que el riesgo de que la norma que enviaría a la cárcel, sin posibilidad de excarcelación, al periodista que se atreviera a señalar a un funcionario público, está aún latente, a pesar de no haberse aprobado en la Cámara de Representantes, donde llegó dentro de la ponencia del Representante César Elorduy; pues la comisión de conciliación podría aprobarla.

Si así ocurriera no solo sería una carga de profundidad contra la libertad de prensa, sino también, una patente de corso para los corruptos, pues hoy la última línea de defensa que tiene Colombia, antes de ser totalmente copada por la corrupción, es la prensa insobornable.

En la obra del Maestro Juan Gossaín, Que les den cárcel por casa, aparece este triste diagnóstico de 2019: «Transparencia por Colombia y la propia Fiscalía General de la Nación, nos revelan que en este momento estamos en un 94 por ciento de impunidad». Esto incluía los delitos de corrupción, razón por la que sus autores no tienen que temer a la sanción penal.

Y tampoco a las investigaciones fiscales, que suelen terminar en inanes planes de mejoramiento y en eventuales impedimentos para ocupar cargos públicos, algo que poco importa a los corrompidos cuando se han embolsillado recursos suficientes para vivir sin trabajar.

En este escenario de impunidad, sin la prensa, los corruptos que estuvieron detrás de los negocios torcidos Centros Poblados estarían disfrutando libremente de su botín. En nuestra orbita local, sin la divulgación que hicieron los periodistas, los funcionarios y sus cómplices, en el saqueo a los recaudos de la estampilla Pro-Adulto Mayor en Pereira y en el negociado de las señales de tránsito de Dosquebradas, entre muchos otros casos, hubieran disfrutado de sus botines, sin obstáculos.

En todos estos episodios la prensa identificó, con nombre propio, a autores y cómplices, lo que, a la luz de la norma contra los señalamientos a funcionarios públicos, furtiva y paradójicamente incluida en la reforma de la Ley Anticorrupción, serían casos de esa injuria especial, constituida en una coraza para proteger a agentes oficiales deshonestos o ineficientes, de señalamientos.

Aunque no podemos ser ciegos a la necesidad que tiene la sociedad de protegerse de las conductas de quienes usando credenciales de gacetilleros atropellaban a personas inocentes, las legislaciones de otros países nos muestran remedios diferentes a la censura por amenaza, que es lo subyace en el fondo de la norma que se sometió al Congreso, exclusivamente destinada a callar a periodistas incómodos.

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