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jueves, abril 25, 2024

¿Avances en transparencia y lucha contra la corrupción en riesgo?

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Si usted sabe para qué sirve la plataforma Cuentas Claras,  le ha tocado publicar los documentos de contratación en el SECOP como parte del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de acceso a la información, ha tenido que publicar su declaración de renta para asumir un cargo público y ha evidenciado la necesidad de proteger a los denunciantes de corrupción, usted es cercano -ya sea porque le tocó o por interés legítimo- a los avances que ha logrado Transparencia por Colombia para posicionar herramientas que aportan a la lucha contra la corrupción. 

El pasado 6 de marzo, se llevó a cabo el evento conmemorativo de los 25 años de Transparencia por Colombia –TPC-, entidad que ha sabido leer la realidad política y social de Colombia y responder con herramientas claras para disminuir los riesgos de corrupción.  Promover la transparencia no es un camino fácil y para muchas personas, el tema suena difuso, poco útil e incluso incómodo para quienes actúan desde el sector público y se molestan por tener que rendir cuentas. Sin embargo, ha sido gracias a estas herramientas que los ciudadanos hemos podido consultar y evidenciar no solo inconsistencias en el crecimiento patrimonial de funcionarios públicos, producto de acuerdos corruptos en la contratación, si no que hemos podido realizar seguimiento sobre la financiación de las campañas. Y aunque falta aún mucho por avanzar, lo cierto es que gracias a la plataforma Cuentas Claras (Registra los ingresos y gastos de las campañas políticas), hoy sabemos por ejemplo que Gustavo Petro dejó de declarar los recursos que se gastó en los testigos electorales, se dejó en evidencia los aportes del cartel de contratación liderado por el Clan Torres y se puede hacer un cruce entre financiadores de campaña y su posterior contratación. 

Pero los avances están en riesgo. Los ciudadanos y medios de comunicación han conocido, denunciado y realizado control social a la contratación pública territorial y nacional, gracias a la información publicada en el SECOP y en la medida que esta herramienta continúe poniendo en evidencia la corrupción en este sector, mayores enemigos tendrá. Pero no solo eso, si este tipo de herramientas terminan administradas por personal político y no técnico, el riesgo en su manipulación es inminente. Es gracias a la información del SECOP que todos pudimos ser testigos de los sobrecostos en la contratación de tanques de agua en la Guajira. 

Por otro lado, la obligación que tenían los funcionarios en publicar sus declaraciones de renta y que permitía a los ciudadanos realizar control a los empleados públicos y políticos, es hoy inexistente. Por directiva presidencial, ya no es posible consultar esta información, que en el pasado fue pública. El acceso a la información se está restringiendo e incluso los viajes del avión presidencial que antes eran públicos, hoy no se pueden consultar. 

El acceso a la información es un derecho ciudadano y una herramienta clara de lucha contra la corrupción. Si la cabeza del gobierno no avanza en este tema, mucho menos lo harán los gobernantes en el nivel territorial.

Para estar informado

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