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miércoles, junio 19, 2024

¿Autonomía para la corrupción? La crisis de las universidades en Colombia

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Por: Harold Salazar Arboleda

El artículo 69 de nuestra constitución garantiza la autonomía universitaria, consistente en que sus directivas podrán regirse por sus propios estatutos y de acuerdo con la ley. El decreto 1075 de 2015 establece en uno de sus apartes justificatorios: “…la eficiencia y transparencia de la gestión para facilitar la modernización de las instituciones de educación superior e implementar un modelo administrativo por resultados y la asignación de recursos con racionalidad de los mismos.”, además deben: “…garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia (subrayado nuestro) y efectividad en el cumplimiento de los objetivos y fines sociales de la educación.” 

La Ley 30 de 1992, establece que el Gobierno Nacional es el máximo responsable de la inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior, es decir, el gobierno puede intervenir universidades cuando el incumplimiento de los principios rectores definidos en la ley sea incumplido y eso a la luz de las graves denuncias de corrupción en varias universidades, justifica medidas correctivas de fondo.

La autonomía nunca se ha definido para liberar los apetitos corruptos de algunos sectores políticos que se han apoderado de las universidades. El imperio de la corrupción incluye a universidades acreditadas de “alta calidad”. En ciertos casos, los políticos y el empresariado son los que tienen el control de los consejos superiores, los cuales definen los contratos y generan el tráfico de influencias. Existen casos de docentes devengan entre 50 y 68 millones de pesos mensuales —en algunas universidades— y hacen parte de los grupos de presión para que su “rosca” siga manejando los órganos de poder y de igual forma: “nóminas paralelas” de contratistas y empresas para desempeñar funciones que la misma universidad puede operar; componendas surgidas en cada órgano de decisión que se van acumulando para generar favores personales; alto número de docentes son contratados bajo el modelo de catedrático, sin opción de voto consultivo o poder decisorio; viáticos especiales y bonificaciones extras concentradas en algún grupo privilegiado; contratistas “inmaculados” con su padrino y parentesco incluido.  Los modelos pedagógicos se quedaron con el trillado constructivismo, alejado de las realidades y necesidades regionales. ¿Cuántas máquinas para preparar café se han patentado en las universidades para la gran cantidad de empresas relacionadas con el tema que existen en el país? Por colocar un solo ejemplo. 

Pero la mayoría de los docentes pertenecen al segmento de honestos profesionales dedicados a la docencia y a la investigación, lo que demuestra el porqué universidades como la UTP y la UNAL han tenido importantes desarrollos en campos como creación de programas, de apoyo a profesores con formación doctoral, en investigación, aportes económicos a estudiantes, proyectos de extensión con enfoque territorial, entre otros. 

Esta mayoría de docentes y sus desarrollos académicos demuestran que la corrupción no es generalizada. Se podrían encontrar indicadores de mucho mayor nivel si esa corrupción de algunos sectores no existiera. 

La autonomía académica, de pensamiento, de opinión, siempre debe ser protegida y ese es el propósito de la ley, lo que no debe confundirse con la autonomía para el saqueo. 

 

 

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