Sebastian Arango Náder
Hace unos días, varias regiones del suroccidente del país fueron objeto de una serie de atentados que dejaron decenas de muertos y de heridos. Además, los ataques afectaron seriamente al desarrollo de las actividades económicas de quienes habitan y se movilizan por ese territorio. En particular, la mortífera explosión en la Vía Panamericana recuerda los años en que los grupos armados utilizaban las carreteras del país para asesinar y secuestrar a quienes las transitaban.
Al mismo tiempo, se publicaron los resultados de varias encuestas sobre la intención de voto para las próximas elecciones presidenciales y, en ellos, el candidato oficialista aparece en primer lugar. Incluso, en algunos sondeos, derrotaría a cualquiera de sus contendores en una eventual segunda vuelta.
Desde un análisis político tradicional, la coincidencia entre estas dos fotografías del país, la del Cauca y la de las encuestas, resulta difícil de explicar. Si la delicada situación de violencia se atribuye, en buena medida, a las erráticas políticas de paz y de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, ¿cómo se explica que, al mismo tiempo, el candidato del oficialismo se perfile hacia una posible victoria sin que la crisis humanitaria y de seguridad afecte su intención de voto? Más llamativo aún es que, en las mismas regiones del suroccidente, escenario de la violencia reciente, sea mayoritario el apoyo al actual gobierno, al que se responsabiliza del deterioro de las condiciones de seguridad.
Es cierto que el levantamiento de datos de las encuestas pudo no haber cubierto los días de los ataques. Sin embargo, más allá de esta explicación coyuntural, conviene preguntarse por factores estructurales. Por ejemplo, hasta qué punto los habitantes de esas zonas se han visto obligados a convivir con la presencia de grupos armados, atentados y confinamientos. Lastimosamente, para ellos, la racha de atentados de los últimos días no son una novedad. Al mismo tiempo, el oficialismo ofrece diálogos y promesas de paz, mientras sus liderazgos políticos y algunas bases sociales locales se articulan con dinámicas de burocracia y clientelismo, que se traducen en recursos, contratos y visibilidad política.
Por su parte, los intereses del electorado urbano parecen cada vez más distantes de lo que ocurre en esas regiones. La seguridad preocupa, pero, sobre todo, la de las ciudades que habitamos. Las imágenes de los atentados conmueven, pero, aun así, se perciben como lejanas. Mientras la comunicación política del proyecto gobiernista hace uso, y a veces abuso, político de algunos símbolos de la cultura afrocolombiana e indígena, propios de la región hoy afectada por la violencia, su electorado urbano no parece movilizarse para exigir mejores condiciones de seguridad en esos territorios. De forma equivocada, se tiende a considerar que reclamar condiciones mínimas para vivir con tranquilidad y moverse libremente sin temor a ser asesinados, es un discurso “de derecha”.
Entre atentados y encuestas, falta un mes para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Allí veremos hasta qué punto el deterioro de la seguridad en regiones como el Cauca incide en las decisiones electorales de la Colombia actual.
