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domingo, julio 14, 2024

Acuerdo Corte Penal Internacional – gobierno de Colombia

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Jairo Arango Gaviria

Columnista

El acuerdo firmado  con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional constituye el reconocimiento del Gobierno Duque a la legalidad y la legitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz”

Defendamos la Paz

Con la firma de este acuerdo, el gobierno colombiano se comprometió a fortalecer sus instituciones de justicia, especialmente la JEP. Se trata de una cooperación con la Fiscalía de la CPI, con el objetivo de que el organismo internacional no abra de nuevo una evaluación contra Colombia por graves violaciones a los derechos humanos.

Con la firma del acuerdo el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan, cerró el examen preliminar contra el Estado por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra, indagación que el organismo internacional había iniciado en 2004. Por su parte el Gobierno se compromete a apoyar los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales interconectadas, incluyendo la justicia ordinaria, el Sistema de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Para garantizar su cumplimiento, el Gobierno Duque se comprometió a asignar el presupuesto necesario para el funcionamiento de la Rama Judicial, asegurar la seguridad de jueces, fiscales y comparecientes. Igualmente a informar sobre los avances en las investigaciones y procesos judiciales en Colombia.

En el mismo acuerdo se propiciará el intercambio de lecciones aprendidas entre la fiscalía de la Corte y las entidades nacionales competentes.

Mejor dicho, es un gana gana. El Gobierno Duque gana porque las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en Colombia se les puso un freno de mano en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional; y gana la CPI al hacer que el Gobierno Duque firme un acuerdo donde respalda sin tapujos y jugaditas el Acuerdo de Paz y la JEP.

Hasta aquí todo parece estar en orden. El asunto empieza a enredarse con la presentación en el Congreso por parte del partido de Gobierno de un proyecto de ley que hace trizas la JEP. El proyecto continua en el Congreso a pesar de la firma del acuerdo entre la CPI y el Gobierno Duque. Esta inconsistencia entre el Centro Democrático y el Gobierno, en una misma temporalidad en que, por un lado, se firma un acuerdo para respaldar la JEP y simultáneamente proponen en el congreso acabar con la JEP, no es más que una oportunidad que tiene el Ejecutivo con su partido para arreglar las cargas retirando el proyecto del Congreso. De no ser así, todo lo firmado con la CPI sería una farsa , dado que hay congresistas como la senadora María Fernanda Cabal, que parece no respetar la decisión del Gobierno Duque: “La Justicia Transicional es una forma de maquillar la justicia cuando la necesidad invita a que se depongan las armas, cede en cuanto al castigo al victimario…”, la palabra del Gobierno Duque no sería más que un salto al vacío.

De tal suerte que a pesar del paso adelante que dio el Gobierno Duque al respaldar la JEP y cumplir compromisos del Acuerdo de Paz, el partido de gobierno se mantiene en el pasado de la seguridad democrática, en un estribillo mandado a archivar: Paz si, pero con legalidad. Lo importante para el país es defender y respetar el acuerdo con la CPI y el Gobierno Duque. Es el camino.

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