Rodrigo Ocampo
La construcción del orden jurídico fue uno de los grandes descubrimientos de la humanidad. De hecho, algunos antropólogos evolucionistas sostienen que la preponderancia del Homo sapiens sobre los Neardentales se explica solamente porque los sapiens habían desarrollado reglas de convivencia, un derecho básico que potenció la colaboración, dado que el mayor tamaño del cerebro y talla física de los Neardentales no pronosticaban su extinción. A medida que la humanidad creció también debieron hacerlo las reglas, pero en el camino surgió algo imprevisto; algunos aprendieron a utilizarlas para su exclusivo beneficio pervirtiendo su finalidad. A eso se le llama el abuso del derecho, una conducta proscrita en Colombia, primero a través de la jurisprudencia y a partir de la constitución de 1.991 con norma expresa en el numeral 1 del articulo 95 que vale la pena transcribir: “(… )El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades… Son deberes de la persona y del ciudadano:1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios(…)” Teniendo en cuenta la necesidad social de un uso racional de los derechos y las reglas que prohíben su abuso, resulta inexplicable la utilización descarada e impune que se le está dando en la política colombiana. Usar la tutela, el derecho más preciado por los ciudadanos para defender SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, para prohibir slogan políticos o uso de prendas de vestir no solo es ridículo y banaliza la Justicia, sino un abuso claro del sistema que termina perdiendo credibilidad y la confianza de los ciudadanos. Por eso resulta necesario sancionar severamente a los que han abusado de sus privilegios y a los operadores judiciales que se han prestado a esas farsas si no queremos volver al paleolítico como lo quisiera algún sector de la política.
