Alexander Ríos
En una escalada de corrupción y compra de votos se convirtieron las elecciones para Congreso de la República del pasado 8 de marzo en Risaralda. El preámbulo se consolidó con el establecimiento de candidatos de la familia de los que gobiernan la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda. El objetivo, sacar a sus familiares elegidos en Cámara y Senado. La siguiente estrategia, fue entregar la contratación en órdenes de prestación de servicios, siempre y cuando, cada uno de ellos suministrara la lista de 60 referidos, monitoreados telefónicamente confirmando que si votasen por los instruidos. La publicidad más numerosa y visible fue la de los clanes, hasta se atrevieron previa y subrepticiamente con la fotografía de una de las candidatas del alcalde, y utilizando los colores para la campaña, la impresión en la factura de servicios públicos de la empresa Aguas y Aguas que, llega a más de 130 000 hogares en la ciudad. El resultado a hoy, la elección del Senado y la Cámara que patrocinaba la Alcaldía. La Gobernación no sacó Senado, pero sí Cámara.
En trabajo de campo el 8 de marzo, el voto en algunos sectores populares lo pagaron a 200 000 pesos, no obstante, se tenía prohibido el uso del celular en el cubículo, tomaban la foto de la tarjeta electoral marcada. Los dirigentes políticos con credencial, concejales y diputados, en un importante porcentaje utilizaron la maña de “partirse”, incluso sin fidelidad para sus partidos, les recibían plata a los aspirantes a cambio de paquetes de votos, de allí, que el canibalismo llevó al fracaso de aspiraciones, y a descubrir la traición de quienes le juraron lealtad.
La solución de raíz a esta deformación de las costumbres malsanas del sistema electoral comenzará con aprobar una reforma política, donde se acabe la aspiración de familiares del gobernante, voto obligatorio por un periodo de 20 años (así no podrán comprar a tantos), dos senadores por departamento y un número adicional para lideres de relevancia nacional, subir el umbral al 5% de la votación de Senado para la subsistencia de un partido, no más organizaciones políticas de garaje y sin ideología. Y sin duda, listas cerradas con una estricta democratización de los partidos para elegir sus candidatos, cuadros directivos, y la aprobación de las plataformas programáticas e ideológicas por sus seguidores.
En Colombia capturaron varias personas con cerca de 4000 millones de pesos para la compra de votos, esa es una mínima cifra ante los ríos de dinero que se transaron en estructuras electorales que solo funcionan con billete.
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