La Procuraduría General de la Nación en un trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo encontró en cinco centros de detención transitoria en Risaralda, un hacinamiento de 144 %.
De acuerdo con la Entidad, el hacinamiento está generando serios problemas de salud, lo que vulnera los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, PPL. A esto se suman deficiencias en la adquisición y preparación de alimentos y deterioro de las instalaciones, lo cual agrava la condición de las personas allí recluidas.
Frente a la grave situación, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, sostuvo una mesa de trabajo interinstitucional en la que se hicieron compromisos para solucionar lo antes posible la crisis.
Entre los acuerdos más importantes está la suscripción de convenios entre los entes territoriales y el INPEC para el traslado de sindicados a establecimientos de reclusión del orden nacional que permita disminuir el hacinamiento lo antes posible.
De igual manera, se determinó realizar brigadas de salud quincenales para garantizar la atención de las PPL y monitorear posibles brotes de enfermedades y la creación de un fondo común entre gobernación y alcaldías para mejorar la infraestructura de los centros.
De este modo, la Procuraduría General de la Nación continuará monitoreando las condiciones de reclusión en centros transitorios de todo el país, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional y sirviendo como garante de los derechos de las personas privadas de la libertad.
