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sábado, julio 2, 2022

Preocupación por aumento de amenazas a líderes sociales

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Cerca de 200 líderes sociales se encuentran amenazados en Risaralda, cifra que está muy por encima de los datos que reporta la Policía Nacional, en donde se tiene una base de datos de 71 personas amenazadas. La denuncia fue hecha por un miembro de la Mesa Nacional de Víctimas, Eisenhower Zapata, quien aseguró que no se están teniendo en cuenta las denuncias que se han presentado desde los años 2017 y 2018.

Según denunció Zapata, la mayoría de amenazas surgen sobre miembros de la acción comunal, seguidos de integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC); en la lista también se encuentran defensores de derechos humanos, líderes sociales, tanto ambientalistas como de otro tipo; líderes indígenas, población afro -principalmente quienes luchan en contra de la minería ilegal en los límites con el Chocó en el Municipio de Pueblo Rico- también se habla de amenazas a profesores sindicalizados y miembros de centrales obreras.

“La Gobernación se basa en la información que tiene Policía Nacional, ellos hablan de 71 personas que están cuidando, pero si estamos hablando solo de estas cifras hay un subregistro porque si los datos son solo de 2019 significa que dejaron por fuera los años 2017 y 2018 donde se presentaron también amenazas y las cuales no han desaparecido todavía”, argumentó el abogado.

Agregó que incluso dentro de la lista no se tienen en cuenta personas que hacen parte del programa de protección de la Fiscalía por ser testigos de masacres o crímenes del conflicto armado, las cuales se encuentran refugiados en Risaralda.

“Tampoco se está hablando de los desmovilizados que pertenecen a la agencia de reincorporación que están amenazados por el EPL y deben tener protección de permanente”, continuó diciendo el represente de la Mesa Nacional de Víctimas.

¿Qué pasa?

De igual forma, en algunos casos brindar protección a los amenazados se vuelve un proceso dispendioso, según Eisenhower Zapata, ya que la mayoría debe pasar por el filtro de la Unidad Nacional de Protección y si no cumple con la ruta no se brinda el servicio.

“Otros tienen rondas policiales en donde los uniformados llegan hasta el domicilio de las personas, les hacen firmar un acta y listo, se van; eso no es protección a mi modo de ver, así como hay otros que tienen chalecos y un botón de pánico que tampoco es efectivo”, explicó el líder social.

Anotó que el aumento de estas cifras se debe igualmente al ejercicio electoral que se está viviendo actualmente, situación que se presentó hace cuatro años en las pasadas elecciones, ya que los aspirantes a alcaldías -principalmente- son los que más reportan denuncias últimamente, específicamente en municipios como Mistrató, Quinchía y Pueblo Rico.

“Los más amenazados suelen ser de los grupos de dirigentes que están en movimientos alternativos o de izquierda porque hay roces y esto es producto de la polarización que vivimos en este país”, aseguró Zapata.

En el caso de los municipios que limitan con el Departamento del Chocó, las amenazas pueden llegar de grupos como el ELN o disidencias de las Farc.
Hablando de las zonas que hacen parte del área metropolitana las intimidaciones provienen de la organización criminal Cordillera, ya que los comunales desarrollan su actividad comunitaria donde están asentados los expendios de droga en sectores como Dosquebradas, Pereira y La Virginia.

SecretarÍa de Gobierno

Por su parte desde la Secretaría de Gobierno departamental explicaron que de manera semanal se realiza reunión o comité interinstitucional al cual asisten la Fiscalía, Policía de Risaralda y Metropolitana y Defensoría del Pueblo.

Allí se hace seguimiento a cada uno de los casos de líderes amenazados y se tiene una estadística con base en las denuncias que se registran en la Fiscalía y que manejan todas las autoridades.

Es por esto que en lo que va del 2019 desde la Policía de Risaralda se reportan 18 casos de líderes amenazados y en el área metropolitana 7 denuncias. Así mismo desde la vigencia 2016 a la fecha se registran 123 casos de líderes amenazados en todo el departamento, lista compuesta por indígenas, comunales, mesas de victimas, líderes sociales y líderes políticos.

Igualmente desde la Gobernación de Risaralda se realizan mensualmente y aún más en forma extraordinaria, consejos de seguridad y en cada uno de estos se toca el tema de los líderes sociales amenazados.

“En el último consejo se tocó el tema del líder indígena, aspirante a la Alcaldía de Pueblo Rico, Leonardo Siagama, que ha venido recibiendo amenazas y se señalaron todas las medidas que se le han adoptado a este caso, como son el acompañamiento de un plan padrino, las instrucciones de medida de autoprotección y así mismo el Ejército hace acompañamiento en los desplazamientos que realiza en zona rural y urbana.

Por el momento se está a la espera de los resultados del estudio de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, en aras de requerir medidas especiales de protección, puntualizó Caterine Arcieri Arenas, secretaria de Gobierno de Risaralda.

El 14 de mayo se llevó a cabo un foro regional de Rutas de Actuación para la Prevención y Protección a Poblaciones de Situación de Vulnerabilidad, el cual tuvo lugar en el comando de la Policía Metropolitana y contó con la presencia de representantes del Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ejército Nacional, Defensoría del Pueblo, así como también la Misión de Verificación de Naciones Unidas.

Allí el departamento fue exaltado por parte del Ministerio del Interior señalando que “es un ejemplo para el país porque allí han logrado que las autoridades policial, Ejército, el comando especial de las Fuerzas Militares, Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y los organismos internacionales, interactúen articuladamente para salvaguardar la vida e integridad de los líderes sociales”, expresó la funcionaria.

Finalmente hizo la recomendación e invitación a la comunidad que pertenece a algunos de estos grupos que si está siendo víctima de amenazas a hacer las respectivas denuncias.

“Las autoridades están adoptando las medidas pertinentes con todas estas denuncias recibidas, pero si no denuncian no hay cómo tenerlos en las estadísticas y no se pueden brindar garantías por hechos quedan en el anonimato”, concluyó Arcieri.

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