Y es que la actualización hizo que el predial creciera ostensiblemente para muchos contribuyentes.
Uno de los llamados más recientes llegó desde la Corporación Vigía Cívica, en el cual le pidieron a la Alcaldía de la capital risaraldense ““allanarse a la nulidad que se tramita ante la justicia Contencioso- Administrativa y aprovechar lo que resta del año para exigirle a Catastro Bogotá la corrección de los abundantes errores que contiene su trabajo, para adoptarlo, ya depurado y debidamente publicado, para la vigencia de 2023”.
Cuando esta Corporación habla de allanarse a la nulidad, se refieren a la acción legal que fue interpuesta en la que se pide la suspender la actualización.
Causas
Desde Vigía Cívica mencionan que “la acción judicial que pide la nulidad está fundamentada en hechos incontrovertibles probados con documentos que incorpora, el más relevante de los cuales es que la Resolución 697 del AMCO, fue fundamentada en la Resoluciones 70 de 2011 y 1055 de 2012, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Normas que fueron expresamente derogadas por posteriores resoluciones del mismo instituto, una de 2020 y otra de 2021, por lo que no eran aplicables para sustentación de la actualización catastral, el 31 de diciembre de 2021”.
Pero no sería esa la única causal que conduciría a la anulación de la vigencia de la actualización catastral. El AMCO, ha sostenido que no tenía la obligación de publicar la Resolución Metropolitana que aprobó los nuevos avalúos, que fue la 696, también del 31 de diciembre de 2021; pero esta postura viola la resolución 1149 de 19 de agosto de 2021 del IGAC, que ordena que ese acto administrativo debe ser publicado conforme a la Ley y que además en él se debe indicar: “el porcentaje sobre el valor comercial adoptado por la administración municipal para la determinación del avalúo catastral”.
Consecuencias
La posible nulidad de la actualización llevaría, según señalan desde Vigía Cívica, a que “recobrarían vigencia los avalúos anteriores, con el solo incremento del 3% dispuesto por el Decreto del Gobierno nacional, de diciembre pasado y sobre ellos se tendría que recalcular el impuesto predial para la vigencia 2022”.
Así mismo recalcan que “años, se afectarían las liquidaciones del impuesto predial, calculadas sobre los reavalúos que ahora se discuten y sus incrementos de todos esos años posteriores y, como los contribuyentes pueden reclamar la devolución de los pagos hechos en exceso o de lo no debido, hasta cinco años después, el Municipio de Pereira soportaría una dificultad prolongada para proyectar los recaudos de su principal fuente de ingresos fiscales que es el impuesto predial, lo que afectaría su capacidad de inversión. Un efecto indeseable para gobernantes y gobernados”.
Es importante recalcar que los errores en la actualización catastral en Pereira, según han denunciado diferentes personas y gremios, no solo afecta el valor a pagar del impuesto predial, también otras contribuciones y trámites.
