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jueves, diciembre 1, 2022

Extrañas coincidencias en las reformas Administrativas de Balboa y Quinchía

Los decretos por los cuales se establece la nueva planta de personal y se señalan las funciones generales de la Alcaldía de Quinchía parecen una fiel copia de los decretos que tienen tras las rejas al Alcalde de Balboa

A principios de septiembre pasado, los jóvenes, las organizaciones culturales y agremiaciones sociales y comunitarias de Quinchía se lanzaron a las calles a protestar por la decisión de la Alcaldía Municipal de suprimir cinco cargos de la planta de personal, entre ellos el del director de la Banda Músicos y el técnico operativo encargado del manejo del jardín botánico.

La decisión está sustentada en el Decreto 142 del 29 de octubre de 2021 por el cual se establece la estructura administrativa, se señalan las funciones generales de las dependencias y se fija la escala de remuneración salarial correspondiente a las distintas categorías de empleos y en el Decreto 068 del 30 de junio de 2022 por el cual se modifica y establece la planta de personal de la Alcaldía de Quinchía, expedidos con la firma del Alcalde Absalón Trejos Arias con la aprobación del asesor jurídico Martín Alonso Restrepo

Al hacer una juiciosa revisión de ambos documentos comenzaron a saltar las sorpresas. La primera de ellas en el Decreto 142 donde en dos oportunidades se habla del municipio de Balboa Risaralda cuando en realidad se trata del municipio de Quinchía, Incluso en una de esas menciones aparece la palabra Risaralda con error de transcripción.

Ante tan curiosa y extraña coincidencia, EL DIARIO decidió revisar los documentos mediante los cuales el Municipio de Balboa puso en marcha su propia reforma y comenzaron a saltar otras sorpresas que llaman poderosamente la atención. Se trata del Decreto 109 del 15 de octubre de 2021 “Por el cual se aprueba el proceso de rediseño institucional de la Alcaldía Municipal de Balboa Risaralda y, en consecuencia se adopta la estructura organizacional, se señalan las funciones generales de sus dependencias, se ajusta y fija la escala de remuneración salarial para las distancias categorías de empleos y se dictan otras disposiciones” y el decreto 061 del 22 de junio de 2022 “Por el cual se modifica y establece la planta de personal de la Alcaldía del Municipio de Balboa Risaralda”.

Por ejemplo: considerandos, artículos e incisos calcados de uno y otro decreto, la transcripción literal del nombre de un municipio en el decreto del otro, incluso con igual error de digitacion, pero además el cruce de personajes y de actores en uno y otro proceso.

Caso Balboa

Mediante contrato de prestación de servicios profesionales 023 de 2020, el Alcalde de Balboa, Huberto Vásquez Vásquez, contrató el estudio de la reforma administrativa con la Asociación de Líderes Semillas, representada por María Isabel Morales Hidalgo, entidad que entre el 2020 y el 2021 realizó con ese municipio otros siete contratos para distintas actividades. El valor del contrato fue de $50.800.000.

Para sustentar su idoneidad en el estudio de reformas administrativas, Semillas presentó un certificado expedido por la Corporación Kinel E&D, entidad que en el 2018 tenía como representante legal a la misma señora Morales Hidalgo, en cuya condición suscribió el contrato 1022 del 2018 con la Alcaldía de Dosquebradas. El estudio de Balboa fue subcontratado por Semillas con Ancizar Urazán González, quien fue el autor de los documentos entregables.

El rediseño institucional del Municipio de Balboa fue adoptado mediante el decreto 105 de 2021 con fundamento en dos acuerdos por los cuales el Concejo Municipal le confirió facultades al Alcalde Vásquez. El primero de ellos, el acuerdo 09 del 24 de julio de 2021, el cual fue sancionado por fuera del plazo legal por el mandatario. Sin embargo, el Concejo expidió luego el acuerdo 013 del 1 de octubre de 2021, ampliando esas facultades, pero éste corrió igual suerte: fue sancionado a destiempo por el Alcalde.

Por esta circunstancia, el Personero Municipal, Marino Andrés Ocampo Osorio, presentó un proceso de nulidad de los ambos acuerdos, lo que deja sin piso los decretos expedidos por el Alcalde para establecer la reforma administrativa. El pasado 25 de agosto de 2022 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito decretó la suspensión temporal tanto de los acuerdos 09 y 013 de 2021, así como de los decretos 109 del 2021 y 061 del 2022.

Y en agosto, la Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento contra el alcalde Huberto Vásquez; el jefe de Control Interno, Diego Franco Barco; el secretario de Planeación, Víctor Yesith Sánchez Lozano; y la contratista María Isabel Morales Hidalgo como presuntos responsables de varias inconsistencias en dicho proceso contractual.

El caso Quinchía

Mediante el contrato de prestación de servicios 032 de 2021, el Alcalde Absalón Trejos Arias contrató con Ancizar Urazán González la realización del estudio tendiente a la implementación de la nueva estructura administrativa del Municipio de Quinchía, por un valor de $70.000.000.

Dicho contrato fue proyectado por Adriana María Marín, con el visto bueno de Martín Alonso Restrepo, asesor jurídico de la alcaldía de Quinchía, quien ejerce similares funciones en Balboa. A su vez, el contratista de Quinchía es Urazán

González el mismo que hizo el trabajo en Balboa y cuya idoneidad para ello fue certificada, precisamente, por la Fundación Semillas.

Los resultados de ese proceso fueron acogidos en el decreto 142 del 29 de octubre de 2021 “Por el cual se establece la estructura administrativa de la Alcaldía Municipal de Quinchía, Risaralda, se señalan las funciones generales de las dependencias, se fija la escala de remuneración salarial correspondiente a las distintas categorías de empleos de la Alcaldía Municipal de Quinchía, Risaralda, y se dictan otras disposiciones” y por el Decreto 068 del 30 de junio de 2022 “Por el cual se modifica y establece la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Quinchía, Risaralda”.

Curiosamente los siete considerandos del decreto 142 del 29 de octubre de 2021 de Quinchía, son exactamente los mismos considerandos contenidos en el decreto 109 del 15 de octubre de 2021 de Balboa, así como varios de sus artículos que fueron copiados a la letra, incluidos el encabezado del Articulo 2. Funciones Generales de las Dependencias, donde se les escapó reemplazar la palabra Balboa por Quinchía, al igual que ocurrió en el inciso 6 del apartado 2.1 Dirección de Proyectos y Ordenamiento Territorial donde tampoco se reemplazó el nombre del municipio, dejando en evidencia que uno fue fiel copia del otro.

Igual ocurre con dos de los cinco considerandos del decreto 068 del 30 de junio de 2022 de Quinchía que coinciden, textualmente, con los del decreto 061 del 22 de junio de 2022 de Balboa. Incluso en uno de ellos se dice que “…las incorporaciones de los funcionarios que se realicen con vigencia fiscal a partir del 1 de Julio de 2022”, es decir que ni siquiera de modificó la fecha.

Costo innecesario

Lo particular de este asunto es que ambos municipios no tenían por qué incurrir en ese gasto dado que el decreto 1551 de 201 determina que “Los municipios de 5ª y 6ª categoría contarán con el acompañamiento gratuito de la ESAP en la elaboración de los estudios y análisis a los que se refiere el artículo 46 de la Ley 909, cuando los municipios así lo requieran”.

La ley 909 en su artículo 46 se refiere, precisamente, a las reformas de plantas de personal de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial. Lo que quiere decir que este trabajo que a Balboa le costó $50 millones y a Quinchía $70 millones, por disposición legal, lo hacía gratis la ESAP.

Y, lo peor, en el caso de Quinchía durante el mandato del alcalde Jorge Alberto Uribe (2016-2019) y de la mano con la ESAP, dicha reforma ya había sido hecha, pero fue borrada de un plumazo por el actual alcalde Absalón Trejos.

 

Ley 909 de 2004

Artículo 46.

Reformas de plantas de personal. Las reformas de plantas de personal de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP-.

El Departamento Administrativo de la Función Pública adoptará la metodología para la elaboración de los estudios o justificaciones técnicas, la cual deberá ceñirse a los aspectos estrictamente necesarios para soportar la reforma a las plantas de personal

Toda modificación a las plantas de personal de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

 

Decreto 1551 de 2012

Artículo 5°.

Dentro del marco de los principios de coordinación, complementariedad, sostenibilidad, economía y buen gobierno, los municipios contarán con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP – en la identificación de necesidades y en la determinación de buenas prácticas administrativas.

Así mismo, la ESAP, apoyará al gobierno nacional en la gestión, promoción, difusión, desarrollo e implementación de las políticas públicas de buen gobierno y competitividad en los entes territoriales.

Los municipios de 5 y 6 categoría contarán con el acompañamiento gratuito de la ESAP en la elaboración de los estudios y análisis a los que se refiere el artículo 46 de la Ley 909, cuando los municipios así lo requieran.

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