Mujeres venezolanas tienen barreras para acceder al aborto legal

En muchas ocasiones las instituciones prestadoras de salud (IPS) de la red pública les niegan el servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), o les solicitan requisitos adicionales, según el informe “Migrantes venezolanas en Colombia: barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo”.

El documento realizado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en alianza con otras instituciones, pone en evidencia una serie de obstáculos por las que atraviesan aquellas mujeres migrantes que requieren de la IVE. Y es que en Colombia el aborto es legal bajo tres causales (si el feto viene con malformación, si el embarazo atenta contra la salud de la madre o si es producto de una violación o incesto).

“Desde noviembre del año pasado recibimos a muchas mujeres migrantes venezolanas, y logramos evidenciamos varias barreras de acceso para la interrupción voluntaria del embarazo que tienen en Colombia, porque además de enfrentar las mismas barreras que las mujeres colombianas, tienen otra serie de problemas cuando su situación migratoria no está en el marco de la legalidad y por esto, en muchas ocasiones las instituciones prestadoras de salud de la red pública les niegan el servicio o les solicitan requisitos adicionales”, explicó Carolina Triviño Maldonado, abogada de casos de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

Las barreras

Uno de los primeros obstáculos, es que dichas mujeres, mayormente las que están en estatus migratorio irregular, desconocen que en Colombia el aborto es un derecho fundamental bajo tres circunstancias, las cuales fueron señaladas por la Corte Constitucional mediante la sentencia C – 355.

Es una situación que dista de la realidad en Venezuela, porque allí el aborto es ilegal, salvo en los casos en que esté en riesgo la vida de la mujer, lo que se denomina como aborto terapéutico, entonces cuando llegan a nuestro país no cuentan con la información de que aquí, lo pueden hacer bajo tres casos.

“Como resultado, las mujeres no acuden a la red hospitalaria porque además de todo el tema de la irregularidad, temen consecuencias como la criminalización o la deportación y eso aumenta el riesgo de que recurran a abortos inseguros o que tengan maternidades forzadas” agregó Triviño.

Otra de las grandes dificultades, tiene que ver con las fallas en el proceso de la interposición de una denuncia cuando el embarazo es producto de una violencia sexual. Lastimosamente las víctimas no pueden interponer la denuncia cuando los hechos de violencia tuvieron ocurrencia en Venezuela (pese a que dicha causal está despenalizada en Colombia). De igual forma, hay inconvenientes cuando el hecho de violación tuvo lugar en los pasos fronterizos clandestinos entre Colombia y Venezuela.

Como tercer obstáculo está la interpretación restrictiva que hacen los prestadores de servicios de salud al marco legal, basándose en el estatus migratorio irregular de las mujeres venezolanas que solicitan los servicios de salud sexual y reproductiva, en particular con la interrupción voluntaria del embarazo, por tanto les niegan el servicio o les exigen el Permiso Especial de Permanencia (PEP), para atenderlas, es importante recordar que el Estado sólo entregó éstos por un tiempo limitado.
Esta situación contradice lo estipulado por la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud, los cuales han señalado que la población migrante debe ser atendida por urgencias y que los servicios de salud relacionadas con el embarazo entres ellos la IVE, deben ser atendidos de manera prioritaria.

Finalmente, otra de las barreras es que las IPS no cuentan con protocolos o rutas de atención para las migrantes en condición de permanencia irregular, siendo víctimas de malos tratos, violencia obstétrica o les niegan el suministro de medicamentos para el dolor, además hay intimidación y casos de xenofobia.

Algunos casos

Casi todas las mujeres migrantes venezolanas, desconocen que el aborto en Colombia está despenalizado en tres causales. Uno de los casos tiene que ver con Carolina*, una mujer que ejerce sexo para sobrevivir debido a su situación de vulnerabilidad socioeconómica; ella queda embarazada luego de que un condón se rompiera, en medio de su desconocimiento no sabía que podía acceder a la red pública de salud y le pide consejo a sus amigas, quienes le indican que puede ir a una droguería y comprar unos medicamentos, los cuales no generan un efecto puesto que tenía una edad gestacional avanzada, después de un tiempo empieza a tener un dolor pélvico y una fiebre muy alta que la hace ingresar a urgencias, allí le encuentran una infección grave por lo cual pierde parte de la matriz porque además el feto venía muerto.

Otra de las situaciones involucra a Fernanda* una menor de 16 años de edad que es migrante pendular (mantiene en constante movimiento entre Colombia y Venezuela). La joven queda embarazada, pues es víctima de violencia sexual desde los 12 años por parte de una persona cercana a su familia en Venezuela.

Fernanda* busca la IVE en Colombia pero siempre le negaron el servicio, debido a que su situación es irregular. Pese a las negativas, siguió insistiendo pero llegó a una edad gestacional en donde el proceso era bastante complejo, por tanto decide tenerlo y cuando llega el momento del parto trata de tener a su bebé en Colombia pero no pudo ingresar al país, pues hubo un cierre de fronteras; tiene a su bebé en Venezuela, el cual muere unas horas después por la falta de atención en salud.

La atención en cifras

La entidad atendió 21 casos entre noviembre de 2018 a septiembre de 2019, de estas 21 mujeres, 18 eran migrantes con estatus irregular. Del total de mujeres acompañadas, el 47,6 % accedió a la IVE mediante subsidio (instituciones prestadoras de salud de carácter privado que acogió a estas mujeres dentro de sus políticas). El 19 % accedió al proceso por medio de la red pública y una sola mujer se automedico.

Lo que busca la Mesa por la Vida

Con el informe buscan evidenciar la situación de las mujeres migrantes, frente al acceso a los derechos sexuales y reproductivos en particular la búsqueda de la IVE. Pretenden hacerle un llamado al Estado Colombiano, pues es urgente avanzar hacia la efectiva garantía de los derechos sin importar el estatus migratorio.

Para ello, requieren la articulación institucional y el cumplimiento de los estándares definidos por la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud. Así mismo, buscan contar con un monitoreo en cuanto la polìtica pública, destinar recursos para la atención, instalación de políticas integrales en los municipios de frontera quienes garanticen la oferta institucional.