Llegó la pesadilla sin fin a los despachos públicos

Los despachos públicos se han convertido en verdaderos valles de lágrimas y, como en el pasaje bíblico, allí están reinando el llanto y el crujir de dientes. Y no es para menos, dado que mucho más de la mitad de las personas que hasta ahora vienen ocupando cargos en provisionalidad en la carrera administrativa deberán abandonarlos para ser ocupados por quienes ganaron los respectivos concursos de méritos.

Según conoció EL DIARIO, entre un 60 y un 80 % de tales funcionarios perdieron el concurso correspondiente, así que en adelante serán otros los que vengan a desempeñar las labores propias de sus empleos.

Esta situación, como es obvio, va a generar consecuencias en el funcionamiento del sector público que hasta ahora nadie se atreve a dimensionar. Pero resulta fácil adivinar que quienes llegan por la vía de un concurso de mérito siente, con junta razón, una cierta independencia frente a la clase política que, en este caso, ya no es la determinadora de su presente o de su futuro laboral.

Y, al margen, para la propia clase dirigente el problema se avizora mayúsculo dado que quedarán con sus patitas en la calle muchos de sus ahijados y patrocinados políticos a quienes les deberán buscar espacio en alguna otra dependencia, así sea mediante contrato de prestación de servicios.

Lo dice la ley

De acuerdo con la normatividad vigente, y según reza en la ley, “la carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público”.

Hasta ahí lo bueno, pero a renglón seguido la propia ley advierte que a tales cargos solo se podrá acceder por la vía de la meritocracia. Y ahí viene lo malo para la mayoría de los funcionarios públicos. Al respecto, las normas legales dicen: “Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna”.

Al respecto el artículo  2o de la Ley 1960 de 2019 señala que: “La provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa se hará mediante procesos de selección abiertos y de ascenso los cuales adelantará la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad en la que esta delegue o desconcentre la función”.

Y más adelante agrega: “En los procesos de selección o concursos abiertos para ingresar a la carrera podrán participar las personas que acrediten los requisitos y condiciones requeridos para el desempeño de los empleos”.

Acerca de los concursos de méritos, el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 dispuso en su Parágrafo 2, lo siguiente: “Los empleos vacantes en forma definitiva del sistema general de carrera, que estén siendo desempeñados con personal vinculado mediante nombramiento provisional antes de diciembre de 2018 y cuyos titulares a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley le falten tres (3) años o menos para causar el derecho a la pensión de jubilación (…) deberán proveerse siguiendo el procedimiento señalado en la Ley 909 de 2004 y en los decretos reglamentarios. Para el efecto, las listas de elegibles que se conformen en aplicación del presente artículo tendrán una vigencia de tres (3) años”.

A concursar

En tales condiciones, hace dos años la Comisión Nacional del Servicio Civil notificó a todas las entidades públicas del país sobre la obligatoriedad de sacar a concursos de méritos tales cargos, es decir las posiciones de carrera administrativa ocupadas en provisionalidad, a excepción de los puestos correspondientes a Directores y Secretarios de Despacho, que son de libre nombramiento y remoción.

Y además fijó las tarifas que cada dependencia debería pagar por concepto de la realización de tales concursos. Pues bien, ya comenzaron a llegar los listados de elegibles para cada ente territorial, el cual deberá proceder a llamar a los correspondientes ganadores para notificarlos de tales resultados e invitarlos a tomar posesión de sus  nuevos cargos.

Mientras ello ocurre crece la preocupación frente al impacto que estas posesiones masivas representarán para la buena marcha del estado, dado que si bien los ganadores tienen los conocimientos suficientes es posible que no todos tengan las competencias específicas para desempeñar determinados cargos.

Veamos, a vuelo de pájaro, cuál va a ser el impacto de algunas dependencias públicas en Risaralda:

Gobernación de Risaralda

En el 2018, la Gobernación de Risaralda sacó a concurso 149 cargos que estaban en provisionalidad. Y de acuerdo con el listado de elegibles, entre los ganadores apenas figuran 27 funcionarios que actualmente ocupan esos cargos, mientras que 122 son nuevos. Es decir que apenas el 18.1% de los funcionarios que han venido desempeñando esas funciones lograron ganar el concurso.

El Director de Recursos Humanos de la Gobernación, Misael Arroyave, indicó que los beneficiados con este concurso de méritos ya fueron notificados de sus resultados y se espera que tomen posesión de sus cargos el 16 de abril próximo.

Alcaldía de Pereira

En el Municipio de Pereira se sacaron a concurso 172 cargos, entre ellos 48 profesionales, 45 técnicos y 79 empleados del nivel asistencial.

Gustavo Montes, Secretario de Servicios Administrativos, indicó que en 50 casos se elevó la solicitud a la Comisión Nacional de Servicio Civil para que sean excluidos los integrantes de ese listado inicial y se está a la espera de respuesta a tal petición.

En el caso de los 122 restantes, ya fueron también notificados de buen suceso y se espera que comiencen a posesionarse.

Alcaldía de Dosquebradas

En este municipio 142 cargos salieron a concurso, entre profesionales, técnicos y personal asistencial, lo cual equivale a un poco más de la mitad del total de la planta de funcionarios de la administración de Dosquebradas.

Andrés Aguirre, Secretario de Servicios Administrativos de la Alcaldía, estimó que entre un 60 y un 70 % de los ganadores del concurso son personas nuevas, lo que indica que apenas tres o cuatro de cada diez de los concursantes lograron conservar los puestos que actualmente ocupan.

Corporación autónoma

En la Cárder se vivió un situación similar hace menos de un año. Por la vía del concurso público de méritos ingresaron a la corporación autónoma 45 nuevos funcionarios, quienes participaron en el proceso público de méritos iniciado en el 2016 a través de la convocatoria 435 CAR-ANLA.

Tal como en su momento lo registró la Cárder, a la entidad ingresaron personas que por sus capacidades, conocimientos y experiencias lograron obtener los mejores puntajes y ocupar el primer puesto en su respectiva vacante, quienes tendrán la responsabilidad de aportar a la protección y cuidado del medio ambiente.

Preguntas sueltas

Frente a tal panorama quedan en el aire algunas preguntas aún sin respuesta:

¿Ante la avalancha de funcionarios nuevos, que llegan por méritos y no por recomendaciones, se afectará la gobernabilidad en los despachos públicos?

¿A dónde irán a parar quienes perdieron los concursos?

¿Tendrán los diputados, alcaldes y gobernantes la capacidad de ubicar a sus fichas políticas que han sido víctima de estas circunstancias?

Qué es la carrera administrativa

Es el sistema técnico de administración de personal que tiene como objetivo garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer, estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público.

Para alcanzar este objetivo el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa tiene la connotación exclusiva de mérito, mediante procesos de selección en los que garantice la transparencia y la objetividad sin discriminación de ninguna naturaleza y en el entendido que el mérito es la acción que convierte a una persona en digna de ser tenida en cuenta, a la par que justifica un reconocimiento o un logro.

El ingreso y el ascenso en los cargos de carrera administrativa se debe realizar mediante procesos de mérito; este se considera un óptimo instrumento para la provisión de cargos públicos basado en criterios meritocráticos y constituye uno de los ejes definitorios de la Constitución Política de 1991, en especial por su relación estrecha con el principio de acceso a desempeño de cargos públicos, la igualdad, la estabilidad y demás garantías contempladas en el artículo 53 de la Constitución.

Qué es la CNSC

En sus 15 años la Comisión Nacional del Servicio Civil ha realizado más de 1.350 convocatorias en las que se han ofertado alrededor de 240.000 vacantes existentes en 2.315 entidades del Estado, teniendo con ello presencia en 1.056 municipios del territorio nacional, y cuenta a la fecha con 1.922.342 ciudadanos registrados en SIMO (Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Opotunidad), quienes le apuestan al mérito para acceder a los empleos públicos de carrera administrativa en el país.

La CNSC a acreditado 16 instituciones educativas (9 públicas y 7 privadas), para el desarrollo de los procesos de selección. La Instituciones idóneas para los concursos de mérito son: Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad de Cartagena, Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, Universidad de la Amazonía, Universidad Nacional, Universidad de Pamplona; Escuela Superior de Administración Pública, Universidad Libre, Universidad CES, Universidad Sergio Arboleda, Universidad San Buenaventura, Universidad Javeriana, Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad de Medellín.