El derecho a defender derechos: lucha de los líderes sociales

Marcela Arboleda Arias

Cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indican que en el 2019, al menos 107 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en el país, y 10 en lo que va corrido del año. No obstante, las cifras por parte de la Misión de Observación Electoral (MOE), muestran que en el primer mes de este año, van 19 líderes sociales, políticos y comunales asesinados. Así mismo, su informe indica que hasta el 30 de enero de este año, hubo 55 situaciones de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, teniendo como los más afectados a los líderes sociales con 35 hechos, líderes políticos con 16 hechos, 11 de esos son amenazas.

Por su parte, Sindy Castro, investigadora en el área de litigio de Dejusticia indica que los líderes y líderes sociales son víctimas de amenazas, persecuciones judiciales, desapariciones y asesinatos.

“Ellos son defensores de los derechos humanos en los territorios porque luchan, reivindican y promueven actividades en defensa de determinados derechos, unos muy ligados al acuerdo final de paz como la restitución de tierras, sustitución de cultivos ilícitos, planes de desarrollo con enfoque territorial, pero lamentablemente están siendo perseguidos y asesinados”, precisó Castro a El Diario.

Risaralda

El departamento no es ajeno a las intimidaciones, amenazas y asesinatos a líderes sociales. Según la Mesa Departamental de Víctimas, en Risaralda, hay más de 112.000 víctimas del conflicto armado. Por otro lado, datos de la Personería indican que en el 2019, 15 líderes sociales solicitaron ayuda a la entidad para recibir protección, pues habían sido amenazados.

“Las intimidaciones van desde mensajes por WhatsApp,  panfletos que nos meten debajo de la puerta, hasta amenazadas personalmente. Aquí no se puede hablar ni denunciar porque al día siguiente somos amenazados por diferentes grupos al margen de la ley, y es que le pusieron precio a nuestras cabezas”, dijo Albert Marín Sánchez, miembro de la Mesa Municipal de las Víctimas y líder de las víctimas del conflicto armado en Pereira.

Marín indica que la Fiscalía no les ayuda con el esquema de seguridad, y que pese a las constantes denuncias, el despacho archiva los casos catalogándolos como hechos ordinarios (sin importancia); son más de 10 miembros de la Mesa Municipal de Víctimas los que están amenazados.

“Las únicas personas que nos han ayudado aunque eso no les corresponde es la Policía, a ellos les debemos la vida, porque a través del Plan Padrino vienen y están pendientes de que todo esté en orden”, agregó Marín.

Pese a las intimidaciones, son varios los líderes del departamento y del país, los que continuarán en pie de lucha, y es que muchos de ellos han sido víctimas del conflicto armado, han sido desplazados de su territorio, han visto a sus comunidades partir, en el caso de las comunidades afrodescendientes e indígenas han quedado confinados y posteriormente desplazados. Por tanto para ellos son más que razones suficientes para continuar pese a las consecuencias de su causa justa.

No hay garantías

Para De Justicia, hay dos discursos distintos referente al tema de la protección de los líderes sociales en el país. Por un lado, los defensores de los derechos humanos piden el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, los cuales reivindican las garantías de seguridad no sólo de quienes defienden y luchan por los derechos en el país, sino de la comunidad en general.

“El tema de la protección de los líderes no es cuestión de poner un chaleco y unas camionetas. Es necesario que existan acciones políticas con enfoque territorial, de género, étnico racial y cultural en el caso del campesinado”, manifestó la investigadora en el área de litigio de Dejusticia.

Ahora bien, el Gobierno tiene un discurso muy distinto, en donde no muestra interés por cumplir con las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz, por tanto crearon el Plan de Acción Oportuna, que aunque plantea ejes como la militarización o las zonas especiales de intervención, son acciones muy cortas en comparación con lo que se estipuló en el acuerdo final de paz.

Así pues los líderes ven incertidumbre jurídica en el Plan de Acción, porque solamente hay un decreto expedido sin una claridad en la normatividad, y eso se ve reflejado en el aumento de los asesinatos de los líderes sociales, pues los hechos han aumentado.

La preocupación se acrecienta cuando Dejusticia realizando un trámite de acción de tutela, para exigir garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos, la Presidencia de la República les contestó que “no aparece acreditada la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes, menos que ella sea de tal magnitud como para justificar la eventual declaratoria de un Estado de Cosas Inconstitucional”.

Dato

Según la MOE, en el mes de enero de este año, el 50 % de los hechos de violencia se registraron en 10 de las 17 regiones del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial

Intervenciones ciudadanas

A finales del año pasado, varios representantes de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales con el apoyo de Dejusticia presentaron una tutela exigiendo garantías con respecto a la seguridad de los líderes sociales, y aunque la la Sala Civil del Tribunal Superior alertó que en Colombia existe una preocupante situación de violación constante a los derechos fundamentales de los líderes, el Gobierno no ha tomado medidas contundentes y afirman que contrario a las cifras de los defensores de los derechos humanos, el fenómeno ha disminuido durante el Gobierno Duque, algo que para las organizaciones no sólo es falso sino alarmante.

Informe de la MOE

Para la Misión de Observación Electoral (MOE), los gobiernos locales deben adaptar y apropiar políticas de prevención y protección para líderes sociales comunales y políticos ya que, en lo corrido del primer mes del año se han reportado 19 asesinatos (14 líderes sociales, un líder comunal y cuatro líderes políticos asesinados).

Según el informe de la MOE, “se observa una tendencia al aumento de los hechos ocurridos en enero de cada año, desde 2016 hasta 2020. En enero de 2016 se registraron cinco asesinatos, en enero de 2017 hubo 11, para el mismo mes de 2018 hubo 18, en 2019 hubo 16 mientras que en enero de 2020 hubo 19”.

Ahora bien, para la entidad es importante que las administraciones sigan el decreto 2252 de 2017, el cual indica que los Alcaldes y Gobernadores son los primeros respondientes para  enfrentar la violencia contra los líderes sociales y comunales.

Intervenciones ciudadanas

A finales del año pasado, varios representantes de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales con el apoyo de Dejusticia presentaron una tutela exigiendo garantías con respecto a la seguridad de los líderes sociales, y aunque la la Sala Civil del Tribunal Superior alertó que en Colombia existe una preocupante situación de violación constante a los derechos fundamentales de los líderes, el Gobierno no ha tomado medidas contundentes y afirman que contrario a las cifras de los defensores de los derechos humanos, el fenómeno ha disminuido durante el Gobierno Duque, algo que para las organizaciones no sólo es falso sino alarmante.

Dato

Según la Defensoría del Pueblo, los lugares en donde más se presentan amenazas a líderes sociales son: Cauca, Antioquia, Magdalena, Valle del Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Nariño, Meta y Chocó.