Por Pilar Salcedo Jiménez
Atraer nuevamente visitantes al Eje Cafetero y contribuir a la recuperación de los sectores económicos golpeados por el terremoto del pasado 10 de agosto es el propósito de una propuesta presentada por la senadora María Irma Noreña ante la Comisión Accidental Bicameral de seguimiento a los damnificados.
La congresista planteó gestionar ante las aerolíneas que operan en Colombia tarifas más económicas para los viajeros que tengan como destino el Eje Cafetero, al considerar que los altos costos de los tiquetes pueden convertirse en una barrera para la llegada de turistas a una región que busca recuperar su actividad económica.
De acuerdo con las cifras expuestas durante la Comisión, un tiquete de ida y regreso entre Bogotá y Pereira puede superar los $1.100.000, alrededor de $230.000 más que el valor de un viaje entre Bogotá y Cartagena, situación que, según la senadora, merece ser revisada en el marco de las acciones de recuperación regional.
“Quiero que tomemos una decisión hoy: solicitar apoyo decidido y urgente a las aerolíneas de Colombia”, manifestó María Irma, al pedir el acompañamiento de los integrantes de la Comisión para avanzar en esta gestión.
Comisión bicameral
La Comisión Accidental Bicameral de Seguimiento a la Atención de los Damnificados por el Terremoto es un órgano de control político creado por el Congreso el 1 de septiembre de 2026.
Su objetivo principal es vigilar, articular y hacer seguimiento a las acciones de ayuda humanitaria, rehabilitación, asignación de recursos y reconstrucción tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026, el cual afectó zonas del Chocó (como San José del Palmar), el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.
La comisión realiza audiencias públicas descentralizadas en los departamentos afectados para escuchar a las comunidades y verificar que las ayudas gubernamentales lleguen de forma transparente y rápida.
También hace seguimiento institucional y vigila el censo de damnificados, la reconstrucción de viviendas, hospitales y colegios, el impacto en la infraestructura y los servicios públicos.
Adicionalmente, evalúa las medidas estatales (como el decreto 1417 de 2026) para proteger los ingresos y la estabilidad de los trabajadores afectados en las regiones golpeadas por el sismo.
