Por error de trámite, Procuraduría llama a exconcejales de Pereira

Históricamente, desde el año 2009 hasta el 2015, de acuerdo con el Reglamento interno del Concejo Municipal de Pereira, los cabildantes ejercían el voto por el sistema de balotas, por eso cuando fue debatido el Proyecto de Acuerdo número 55 de 2013 que autorizaba el cobro de valorización del municipio, los corporados así lo hicieron, es decir de manera secreta.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, los 17 los coadministradores del gobierno del alcalde de la época, Enrique Vásquez Zuleta, incurrieron en presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la votación del mencionado proyecto y en consecuencia les formuló pliego de cargos a los hoy exconcejales.

Según la Procuraduría Regional de Risaralda la formulación de cargos por haber emitido su voto secreto, cuando debieron hacerlo de manera nóminal o pública frente al proyecto de acuerdo que autorizaba el cobro de una contribución de valorización para la construcción de un plan de obras en Pereira, está dirigida a los exconcejales, Álvaro Escobar González, Judith Giraldo Giraldo, María Cristina López Ambra, Rubén Darío Orozco Patiño, Julián Andrés Ospina Posada, Samir Arley Palacio Bedoya, José Norbey Quiceno Ospina, José Albeiro Quintero Neira, Nora Oyola Cutiva, Juan Alejandro de la Cruz Méndez, Juan Pablo Gallo Maya, Carlos Alberto Henao, Héctor Fabio Artunduaga Mejía, Edward James Murillo, Juan Carlos Reinales, Yesid Armando Rozo Forero y Fernando Antonio Pineda Tamayo.

Se refiere también la Procuraduría a los presidentes de la Corporación del 2013 y 2014, Yesid Rozo y Fernando Antonio Pineda Tamayo, por presuntamente someter a votación el proyecto por medio del sistema de balotas (voto secreto), asunto que por disposición de la Constitución y la ley debía hacerse de forma nominal y pública.

De igual manera formuló otro cargo a ocho miembros de la Comisión Conjunta Permanente de la corporación, Álvaro Escobar, Rubén Darío Orozco, Fernando Pineda Tamayo, José Albeiro Quintero Neira, Juan Carlos Reinales, Samir Palacio, Judith Giraldo y María Cristina López Ambra, por presuntamente emitir su voto secreto en el primer debate realizado el 30 de noviembre de 2013.

Para la Procuraduría “el voto nominal y público, se consolida como la regla general de raigambre constitucional, que permite dar publicidad a las decisiones adoptadas en la Corporación y que por ende facilitan el control ciudadano de éstas, máxime cuando las determinaciones que allí se acogen tendrán incidencia directa en la comunidad”.

 

Bloque de los 10

Como se recuerda, para el momento en que se discutió el proyecto de acuerdo en mención, el alcalde de ese entonces Enrique Vásquez tenía un bloque opositor mayoritario en el Concejo Municipal, que denominaron el B10, de los cuales 5 de ellos, Juan Carlos Reinales, Juan Pablo Gallo, Yesid Rozo, James Edward Murillo y Carlos Alberto Henao siempre estuvieron ‘atrincherados’ y en desacuerdo con el proyecto de ese cobro de valorización y en consecuencia aunque votaron por el sistema de balotas, hicieron visible su voto negativo, dejando constancia de su decisión como lo hizo en el momento el concejal Rozo, que fungía como presidente de la mesa directiva.

El Diario consultó a algunos de los exconcejales del B10 quienes coincidieron en afirmar que siempre se opusieron al proyecto y de ello dejaron constancia en las actas respectivas.

Al respecto también el congresista Juan Carlos Reinales, se refirió recordando que cuando fue concejal de Pereira le correspondió estar presente en las discusiones a cerca del Proyecto de Acuerdo para el cobro de valorización, debates en los que siempre estuvo en desacuerdo de su aprobación junto al bloque de los 10.

Reconoció que al momento de la votación hizo pública su decisión indicando su voto negativo