Por Juan Manuel Quintero
Este 20 de julio se instalará un Congreso profundamente renovado en sus nombres, fragmentado en su composición y obligado a convivir con un Gobierno que, aunque ganó las elecciones presidenciales, no cuenta con mayorías propias para sacar adelante su agenda.
El nuevo Legislativo tendrá 103 senadores y 183 representantes a la Cámara. En el Senado, el Pacto Histórico será la bancada más numerosa, con cerca de 25 curules; seguido por el Centro Democrático, con 17; el Partido Liberal, con 13; Alianza por Colombia, con 11; el Partido Conservador, con 10; el Partido de la U, con ocho; Cambio Radical y sus aliados, con siete; Ahora Colombia, con cinco, y Salvación Nacional, con cuatro. A estos se suman las circunscripciones especiales y la curul que, por el Estatuto de la Oposición, corresponde al segundo en la elección presidencial.
La Cámara será todavía más atomizada. Allí confluyen partidos nacionales, coaliciones departamentales, movimientos regionales, circunscripciones especiales y representantes de las zonas más afectadas por el conflicto. El Pacto Histórico será también una de las fuerzas principales, pero estará lejos de controlar por sí solo las decisiones.
En términos simples, ningún partido podrá imponer su agenda. El nuevo Gobierno dependerá de acuerdos con conservadores, liberales, el Partido de la U, Cambio Radical y otros sectores regionales. Es decir, después de una campaña construida alrededor de la ruptura con la política tradicional, la gobernabilidad volverá a depender, en buena parte, de los partidos de siempre.
Renovado el 68%
El Congreso presenta una renovación nominal superior al 60 %. Seis de cada diez parlamentarios no pertenecían a la corporación saliente o regresan después de haber estado por fuera. Sin embargo, sería ingenuo confundir caras nuevas con prácticas nuevas. Entre los recién llegados hay exalcaldes, exgobernadores, diputados, concejales, antiguos funcionarios, herederos de casas políticas y candidatos respaldados por estructuras que llevan décadas controlando elecciones regionales.
Cambiaron muchos nombres, pero todavía está por verse cuántas costumbres cambiaron con ellos.
La representación femenina seguirá rondando el 30 % de las curules, una cifra semejante a la del Congreso anterior. Más relevante será comprobar si la renovación se traduce en mejores debates, mayor independencia frente al Ejecutivo y menos congresistas con investigaciones, cuestionamientos o vínculos con estructuras políticas desprestigiadas. No existe todavía una cifra institucional única que permita meter en una misma bolsa a investigados, condenados, denunciados o simplemente cuestionados. Lo que sí es evidente es que varias organizaciones aprendieron a sobrevivir sustituyendo candidatos, cambiando de partido o trasladando el poder de un miembro de la familia a otro.
Nuevo mapa político
La primera prueba del nuevo mapa político será la elección de las mesas directivas.
En el Senado, el Gobierno entrante ha manifestado su simpatía por Alfredo Deluque, del Partido de la U. Sin embargo, el Centro Democrático, que es la mayor bancada declarada de gobierno, reclama esa dignidad y postula a Honorio Henríquez. La disputa ha dejado ver las primeras grietas entre el presidente electo y el uribismo, aliados en la elección, pero competidores a la hora de distribuir el poder.
Deluque suma respaldos importantes de La U, Cambio Radical, Salvación Nacional y sectores conservadores. Henríquez tiene detrás al Centro Democrático y el argumento de pertenecer a la colectividad oficialista con mayor representación. La decisión dependerá de liberales, independientes y, paradójicamente, de sectores de oposición que podrían terminar inclinando la balanza.
En la Cámara
En la Cámara, el panorama es aún menos claro. El Gobierno había visto con buenos ojos a Daniel Briceño, representante del Centro Democrático y una de las mayores votaciones individuales. No obstante, el propio Briceño reconoció que conservadores, liberales y miembros de su partido avanzan en un acuerdo alrededor de Nicolás Barguil. A eso se suma que los votos del Pacto Histórico y de otros sectores de izquierda pueden resultar decisivos, especialmente si el Centro Democrático obtiene la presidencia del Senado y los demás partidos exigen equilibrar las cargas en la Cámara.
Por tanto, no puede asegurarse todavía que Briceño será presidente, ni descartarse que una negociación más amplia entregue esa posición a un candidato apoyado por sectores de izquierda. El resultado del 20 de julio mostrará si el nuevo Gobierno logró construir una coalición o si deberá negociar cada proyecto desde cero.
La agenda será compleja. El Gobierno entrante ha anunciado reformas en seguridad, justicia, economía, salud, educación, estructura del Estado y política energética. También deberá presentar el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, la ley más importante de su primer año, porque allí quedarán consignados sus programas, metas, obras y fuentes de financiación.
A ello se sumarán debates que marcaron la legislatura anterior, como la Jurisdicción Agraria, una nueva reforma a la salud, iniciativas relacionadas con la igualdad, la reforma política y la prohibición del fracking. Estas propuestas deberán presentarse nuevamente ante el nuevo Congreso y enfrentarán un escenario político mucho más adverso que el del cuatrienio anterior. Si antes contaban con el respaldo del Ejecutivo y una coalición que, con dificultades, permitió mantenerlas vivas, ahora tendrán que abrirse paso ante un Gobierno y unas mayorías con una visión distinta sobre el papel del Estado, la seguridad, la economía y el desarrollo energético. Es probable que varias de ellas no prosperen o solo lo hagan tras profundas modificaciones.
Además, encontrarán un ambiente político mucho más difícil.
Durante el Gobierno Petro, esas reformas contaban con el respaldo del Ejecutivo, la capacidad burocrática del Gobierno y una coalición que, aunque se fue debilitando, permitió sacar adelante varias iniciativas. Ahora deberán enfrentarse a un presidente de orientación opuesta, a un Congreso que giró hacia la derecha y a unas mayorías que difícilmente acompañarán proyectos identificados con la administración saliente.
Es probable que iniciativas como la prohibición del fracking, la Jurisdicción Agraria bajo el enfoque planteado anteriormente o una reforma a la salud semejante a la de Petro no prosperen. Algunas podrán sobrevivir si se modifican sustancialmente; otras quedarán como banderas de la oposición. El nuevo Congreso no solo discutirá proyectos diferentes: discutirá desde una visión distinta sobre el papel del Estado, la propiedad, la empresa privada, la seguridad y la política energética.
También tendrá en sus manos elecciones institucionales de enorme importancia. La principal será la del Contralor General de la República. El Congreso en pleno escogerá a quien vigilará la ejecución del nuevo Plan de Desarrollo, el presupuesto nacional y los grandes contratos del Gobierno durante los próximos cuatro años.
La coincidencia no es menor: antes de que comiencen a ejecutarse las principales inversiones del nuevo Gobierno, el Congreso elegirá a quien deberá controlarlas. Esa elección permitirá establecer si estamos ante una autoridad independiente o ante un nuevo acuerdo de distribución política.
¿Y Risaralda?
El departamento llega con una bancada compuesta por la senadora María Irma Noreña y los representantes Frányela Bermúdez, Fernando Arias, Dúrguez Espinosa y Fredy Arias. Son dirigentes de distintas procedencias y expresiones políticas, lo cual puede convertirse en una fortaleza si actúan alrededor de una agenda común.
Las prioridades están identificadas: el hospital regional de alta complejidad; la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Pereira y Dosquebradas; la financiación integral de las Vías del Samán; la doble calzada entre Cerritos y La Virginia; la Avenida de los Colibríes; la Variante Oriental; la ampliación y fortalecimiento del Aeropuerto Internacional Matecaña; la transformación de los terrenos del Batallón San Mateo en un distrito de conocimiento, educación y tecnología; los programas de vivienda, el estadio de Dosquebradas y la infraestructura vial, educativa y digital de los municipios y sectores rurales.
La bancada deberá conseguir que estos proyectos no aparezcan únicamente mencionados en las bases generales del Plan, sino incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones, con recursos, responsables y cronogramas.
Agenda departamental
Risaralda no necesita cinco agendas individuales en Bogotá. Necesita una agenda departamental, construida con alcaldes, Gobernación, universidades, gremios y organizaciones sociales. Cada congresista debería informar qué proyecto liderará, cuánto cuesta, qué entidad debe financiarlo y qué resultado concreto espera entregar. Porque el poder de una bancada no se mide por sus fotografías en los ministerios, por sus invitaciones a Palacio ni por el número de debates en los que aparece ante las cámaras. Se mide por los recursos, las obras y las decisiones que consigue para su territorio.
