Risaralda ganó fallo y no tendrá que devolver $ 26.800 millones

A través del Mecanismo de Revisión Eventual ante el Consejo de Estado, el equipo jurídico de Risaralda sacó avante el fallo que libera al departamento de devolverle cerca de 27 mil millones de pesos a los contratistas.

La Ordenanza 012 de 2009 por medio de la cual se creó la Estampilla Prodesarrollo, gravaba el 2% de los contratos celebrados con municipios y entidades descentralizadas; al ser demandada la ordenanza por ese cobro fue declarada en primera instancia nula parcialmente por parte del Consejo de Estado, perdiendo el Departamento de Risaralda en primera y luego en segunda instancia la batalla jurídica.

Luego de tres años de mantenerse abierto el proceso, los abogados defensores del Palacio Gris lograron demostrar que los daños al valor de los contratos y el impacto negativo en los patrimonios de los contratistas era inexistente, y con ese argumento y pruebas logró salir a favor la demanda.

LA PETICIÓN

La nulidad de la estampilla fue interpuesta mediante Acción de Grupo liderada por una excontratista de Pereira quien argumentó que la ordenanza aprobada no podía “establecer tributos” porque violaba la autonomía de los municipios, obligando al departamento a devolver 26 mil millones de pesos a quienes celebraron contratos y pagaron el importe de la estampilla. La demanda fue apelada por la Secretaría Jurídica de Risaralda y en la tercera instancia el equipo de la dirección de Gestión Legal y Defensa Judicial, después de un arduo trabajo, logró que revocaran los fallos anteriores.

ANTECEDENTE

El Juzgado Tercero Administrativo dictó sentencia y autorizó la devolución de 26 mil 800 millones de pesos a los contratistas que pagaron la estampilla. Luego de la apelación, el Tribunal Contencioso confirmó la sentencia de primera instancia a favor de los demandantes y condenó al departamento a devolverle la suma mencionada a las personas que pagaron con ocasión de la celebración de sus contratos.

Según voceros de la Secretaría Jurídica de Risaralda, ante la inconformidad que surgió con las diversas tesis expuestas por el Consejo de Estado, decidieron acudir al ‘Mecanismo de Revisión Eventual’ ante esa instancia buscando que revocaran las dos sentencias del Juzgado Tercero y del Tribunal para que el departamento no fuera obligado a devolver los cuantiosos recursos que habían sido invertidos en programas de tipo social.

Esos dineros recaudados por la estampilla se destinaron a la construcción de colegios y escenarios deportivos.

DECISIÓN DEL CONSEJO

El Consejo de Estado falló a favor del departamento ya que al unificar las tesis de fallos anteriores aceptó jurídicamente que los pagos se hicieron durante la vigencia de la ordenanza.
Siendo así no se incurrió en efectos retroactivos y al exigir el pago habría resultados desfavorables futuros en la inversión del ente administrativo para el desarrollo de proyectos sociales.

 

El monto que debían devolverle a contratistas quedó disponible para proyectos de inversión social como educación, escenarios deportivos y saneamiento básico.