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viernes, agosto 19, 2022

Urge una reforma al sistema carcelario en el país

Esto demuestra la necesidad de que se implemente una reforma al sistema carcelario del país, según manifestó el Defensor del Pueblo a nivel nacional, Carlos Camargo.
Aseguró el Defensor que “hoy existe en Colombia una crisis carcelaria que, sumada al incendio que hasta hoy deja 54 fallecidos, pone de relieve la necesidad de hacer una reforma legislativa que reoriente el sistema penitenciario al cumplimiento de las finalidades de custodia, pero que, sobre todo, proteja la dignidad y la vida de la población privada de la libertad con acento en el propósito resocializador de la pena”.
Agregó que “hemos observado la crisis humanitaria generada por el índice de hacinamiento en los establecimientos carcelarios, que llega al 20 % en todo el país, el cual representa un grave riesgo para los derechos de los internos en todos los órdenes: salud, alimentación, la vida, la dignidad, entre otros”.
Es importante resaltar que en el centro penitenciario La 40 de Pereira, se han presentado casos graves de hacinamiento, así mismo algunas problemática con la prestación de los servicios de salud. Esta sobrepoblación de personas privadas de la libertad en la capital risaraldense, también se ha registrado en la Unidad Permanente de Protección a la Vida (UPPV) y en las estaciones de policía.
El Inpec reporta para junio del 2022 una población carcelaria de 97.590 personas; si a ello se suman las 21.843 personas detenidas preventivamente en las estaciones de policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI) –donde legalmente no deberían estar más de 36 horas–, la población total sería de 119.443 privados de la libertad, ello significa que la sobrepoblación total sería de 38.156 personas y aumentaría el índice de hacinamiento del 20 al 46,2 %.
“Uno de los puntos más importantes de la reforma que proponemos es la seguridad y la prevención ante emergencias en los establecimientos carcelarios. Se requiere establecer de manera estricta mecanismos preventivos en cada lugar de reclusión, para que no vuelvan a suceder catástrofes como la que enluta a 54 familias del país. Pero no basta con que se garanticen las condiciones de seguridad, requerimos un sistema que se oriente al respeto a los derechos de quienes permanecen privados de la libertad y que de esa manera se facilite su proceso de resocialización”, concluyó el Defensor.

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