18.8 C
Pereira
martes, septiembre 27, 2022

La Calle de La Fundación salió cara

Liliana Cardona Marín

Este relato tiene su origen el 17 de mayo de 2013, en plena remodelación de la Calle de La Fundación, por la calle 19 entre carreras 10 y 11, con motivo del sesquicentenario de la ciudad. Un ciudadano vendedor de tintos y comida se vio gravemente afectado cuando una retroexcavadora realizó un procedimiento que dio con la caída de material sobre la humanidad del pereirano, quien salió lesionado en la clavícula, hombro y cabeza, fue rescatado y trasladado a la clínica Los Rosales. Después llegó la valoración por Medicina Legal, le otorgaron 55 días de incapacidad en un principio, pero solo hasta mayo de 2014, pudo volver a laborar.

 

 

 

La demanda y el proceso

El afectado buscó los servicios del abogado Alejandro Aguirre Restrepo, quien inició el proceso en firme dos años después, porque debió esperar el resultado de las cirugías y las respectivas valoraciones al demandante. Una de ellas es la de incapacidad para laborar que arrojó 35,2%. Siete años después el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda falló a favor del ciudadano y su familia en segunda instancia.

 

“La única forma que tendría la parte demandada de apelar este fallo es acudir a un recurso extraordinario, pero en la medida que haya vulneración de unas causales muy puntuales que están en el Código, que aquí no se cumplen, porque todo se adelantó bajo el debido proceso”, expresa Aguirre Restrepo.   

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 90 establece que “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Si bien la alcaldía de Pereira por medio de licitación entregó la obra a un contratista, era la dueña de la misma y por eso debe responder en este caso puntual, por la omisión del deber de protección al no prevenir o señalizar el riesgo para los peatones. 

 

El abogado expuso también que “Demandé a los dos, al municipio y al contratista, solicité que una vez condenado el municipio sea quien tenga que pagar y el contratista deba reintegrar los dineros al municipio. Por eso la decisión final establece que se declara patrimonial y solidariamente responsable al municipio de Pereira y al contratista”.

 

La defensa del municipio y del contratista fue que la retroexcavadora era responsabilidad de la subcontratista, porque una de las causales por las que se puede exonerar al Estado para responder patrimonialmente sobre los daños causados producto de sus obras, como fue este caso, es si se logra demostrar que hubo un hecho de un tercero, pero en este caso si bien hubo un subcontratista por parte del contratista, el Consejo de Estado dijo que en materia de obras públicas no se puede tener desligada la responsabilidad de quien es el directamente responsable de la obra.

 

Cabe aclarar que tanto la administración, como el contratista tenían los seguros correspondientes, pero este fallo deja un precedente en cuanto a las actuaciones del Estado, por ello el municipio de Pereira debe indemnizar por perjuicios materiales y morales. En la sentencia también quedó consignado los costos de los implementos de trabajo que ese día tenía consigo el ciudadano, así como el monto de la reparación a él y a los familiares por el dolor, congoja y aflicción que padecieron al ver el sufrimiento del demandante.

 

Reparación directa

-Víctima directa                60 SMLMV

-Compañera permanente   60 SMLMV

-A cada uno de los 5 hijos  60 SMLMV

-Padre del demandante      60 SMLMV

-A cada uno de los 9 hermanos    30 SMLMV

-Más el 1% del total de la misma.

TOTAL:     $757.500.000 millones

 

Dato

En el proceso hubo dos variantes; la de índole administrativo que buscó resarcir pecuniariamente y las connotaciones de índole penal por las lesiones que se le causaron a la víctima y que en su momento involucraron al operario de la máquina.

Para estar informado

- Advertisement -
- Advertisement -

Te puede interesar

- Advertisement -