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martes, agosto 9, 2022

Se pierde la libertad, pero no los derechos

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Por: Andrea Ramírez Mosquera

El principal de los castigos que se infligen es el encierro en celda” argumentaba el filósofo historiador y sociólogo Michel Foucault, quien en su libro Vigilar y Castigar expone ampliamente qué situaciones llevaron a los seres humanos a la creación de instituciones como la cárceles o prisiones donde se priva de la libertad , la cual se ha llegado a considerar como uno de los bienes más preciados, comprensible no solo como la posibilidad para desplazarse hacia cualquier lugar que se desee, también están quienes como Jean Paul Sartre proponen que “El hombre nace libre, responsable y sin excusas” llevando la idea a un plano más mental y psicológico, mientras Rousseau argumentaba que en que si, el hombre nace libre, pero “la sociedad lo corrompe”.
Más allá del debate filosófico de qué es realmente la libertad o cómo se le concibe, hay una realidad tangible y es que en Colombia Código Penal indica que hay “Principios de las sanciones penales. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.” De acuerdo con dicho código penal, hay delitos más graves que otros y corresponde al sistema por medio de un juicio determinar las sanciones o penas a las que será sometida una persona que delinque.

Lo ideal es que las personas salgan mejores de la cárcel y se reintegren a la sociedad

El principio es básico, como sociedad se requieren normas y acuerdos que propendan por la sana convivencia; a quienes falten a ellos, se les deberá aplicar una sanción, siendo la más grave de todas la prisión; que, de acuerdo con la gravedad del delito, implicará más o menos años para el condenado, no obstante, es necesario aclarar que un condenado no deja de ser una persona que cuenta con derechos que deben ser protegidos por el mismo Estado que le está castigando.

¿QUÉ PASA AL PERDER LA LIBERTAD?

En el Código de Procedimiento Penal se establece que; una vez se comete el delito se puede dar el caso de la captura en flagrancia (es decir inmediatamente) o a través de orden de captura posterior expedida por juez de control de garantías, a solicitud de la fiscalía. Dentro de un término de 36 horas, la persona privada de la libertad debe ser presentada ante juez de control de garantías para legalizar la captura, a este proceso se le llama “audiencias concentradas” porque son tres.
Una vez legalizada la captura; se procede a la imputación, es decir, la Fiscalía comunica al detenido las razones de índole jurídico por las que se procede ejemplo: “señor X se le imputa a título de dolo el delito de celebración de contratos sin requisitos legales” en esa etapa se le informa que en caso de aceptar los cargos tendrá lugar la sentencia condenatoria con rebaja de la pena (en algunos casos, los delitos cometidos en contra de menores no contemplan rebajas)
Finalizado este proceso; si el delito lo amerita, se solicitará al juez imposición de una medida de aseguramiento (intramural o extra mural) privativa de la libertad o no privativa (prohibición de salir del país), igualmente si el juez lo decide la persona pasa a establecimiento carcelario o a detención domiciliaria.
La pérdida de los derechos, por ejemplo, el voto, deriva de una condena, al igual que la prohibición de contratar con el Estado y otras más que se denominan penas accesorias.

¿QUÉ DERECHOS TIENE ALGUIEN EN LA CÁRCEL?

De acuerdo con Clarena Valencia, abogada especialista en derecho administrativo “Los derechos a la vida, vida digna, dignidad humana, integridad personal, salud, a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, entre otros, conforman el plexo de derechos de los privados de la libertad y deben ser reconocidos y respetados por el Estado, además del deber de garantizar que esa persona, privada de la libertad, al momento de cumplir su tiempo en esa circunstancia, abandone el centro carcelario en iguales o mejores condiciones de las que ingresó” idea que coindice con la opinión de Alexander Zapata Largo, director de la Cárcel de Varones La 40, establecimiento penitenciario en el que según Zapata la premisa es que “Aquí entra la persona, no el delito, y las condiciones que brindamos están orientadas a que resocialice y sea mejor al salir”.
La letrada Valencia, indica respecto a las PPL que “si por alguna circunstancia, fallecen, son lesionadas o sufren algún perjuicio durante su permanencia en el centro, ellas mismas, en calidad de víctimas o su núcleo familiar, pueden acudir al medio de control de reparación directa en contra del centro carcelario para obtener la respectiva indemnización. Se recomienda que la asesoría sea obtenida de un abogado especialista en derecho administrativo, siendo este aquel que conoce sobre responsabilidad del Estado.” Cabe aclarar que no toda muerte de un reo es demandable, pero si existen casos en los que las familias pueden reclamar, de ahí que se recomiende consultar a un especialista en la materia.

La tragedia ocurrida en la cárcel de Tuluá pone sobre la mesa el tema de la protección y derechos de los reclusos

El Caso de Tulúa

Muchas situaciones han rodeado el fallecimiento de más de medio centenar de personas que estaban privadas de la libertad y perdieron la vida en un incendio que inició con una riña al interior del penal; una de ellas, es la entrega de los cuerpos e identificación de los mismos, tarea que ha sido un proceso lento y doloroso para las familias, según expertos “El problema de la entrega de los cuerpos es que en el sistema acusatorio que nos rige en este momento son considerados evidencia, misma que debe ser procesada y valorada, primero a través de necrodactilia (si es viable) la plena identificación, o a través de carta dental, igualmente es necesario fijar fotográficamente la totalidad de los cuerpos, luego vienen las necropsias de por sí complicadas por el estado de los mismos”.
Igualmente indican que “En este momento deben estar en curso al menos dos investigaciones, una de carácter penal para determinar grados de responsabilidad de los hechos (Homicidio culposo, etc) y la disciplinaria; cada una de ellas requiere esos análisis para determinar grados de responsabilidad, recuérdese que una persona retenida pasa a ser obligación del Estado” precisamente el condenado ya no es quien responde por sí mismo, sino su Estado.
Justamente debido a esta responsabilidad pueden presentarse demandas administrativas ante lo que Clarena Valencia señala “tener adecuadas políticas públicas y políticas de daño antijurídico frente al sistema carcelario, permitirían no solamente, proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad sino también, una optimización de los recursos públicos en el sentido de no tener que pagar altas sumas de dinero por condenas en contra del Ministerio de Justicia, el INPEC y sus establecimientos carcelarios.”

La 40 es Ejemplo

La Cárcel de Varones La 40 tiene actualmente 847 PPL de forma intramuros y 828 retenidas en casa, cabe anotar que pese a algunas dificultadas esta institución es considerada una de las mejor gestionadas en el país, reconocimiento que Alexander Zapata destaca con orgullo haciendo énfasis en los programas de resocialización como ocupación del tiempo libre y oportunidad de estudio.

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