Hace un mes las personas que se encuentran bajo protección en la ciudad, se vieron en la obligación de encender una alarma ante lo que ellos consideraban un desalojo del albergue para víctimas, al parecer por un mal procedimiento del operador del programa, bajo el cual la alcaldía de Pereira y específicamente la Secretaría de Desarrollo Social, les brindan seguridad y manutención. La razón, no había recursos para ese sostenimiento.
En esta casa debe haber permanentemente un casero que se encarga hasta de lavar los platos, una señora para aseo de áreas comunes y un psicólogo. Para evitar un problema mayor, la solución llegó por medio de una partida adicional avalada desde la Secretaría Jurídica de la alcaldía y se abrió el proceso licitatorio para el proceso de este año, por nueve meses o hasta diciembre.
La intervención del órgano de control
La Procuraduría General de la Nación anunció a través de su cuenta de Tweeter, que ‘había iniciado una acción preventiva para garantizar el funcionamiento del albergue destinado a la atención de víctimas del conflicto en Pereira, a fin de evitar que se sigan presentando dilaciones en las entregas de las ayudas humanitarias.
Cuando no es una cosa es la otra en la Administración municipal, el hecho es que no está claro por qué todo lo referente a licitaciones y contratos, sea de educación o como este caso tiene un alboroto de por medio ¿tendrá relación con el año electoral?
La Procuraduría General solicitó formalizar una contratación definitiva y evitar que se sigan adelantando procesos de mínima cuantía. ‘Debido a las presuntas faltas en la planeación que, (al 16 de marzo) no permitieron disponer de un espacio de manera permanente’. La Procuraduría del orden local pidió información a la Secretaría de Desarrollo Social y Político sobre las acciones realizadas. En comunicado de prensa, el Ministerio Público manifestó su preocupación por las modificaciones que se han hecho a los procesos contractuales, que pondrían en riesgo a un nuevo grupo de 62 víctimas, quienes solicitan ayuda humanitaria desde inicios de este año.
Finalmente, ante la declaratoria desierta que se registró para el contrato principal en 2022, la Entidad instó a que se revisen los términos y condiciones y puedan suplir las necesidades alimentarias y asistenciales de quienes requieran la ayuda.
Los conflictos en los territorios convirtieron a Pereira, en el destino seguro para una gran diversidad de personas.Desde la Procuraduría provincial
Ante la solicitud que se le hizo a la Secretaría de garantizar los derechos de las víctimas a una atención oportuna e informar las acciones que se adelantan para brindar la asistencia, la claridad sobre el tema la entregó el doctor Leonardo Reales, procurador provincial de Pereira: “A finales del año pasado se agotaron los recursos de atención para la población atendida en este lugar y se iniciaron las acciones contractuales que debieron concluir la segunda quincena de diciembre, con el desafortunado resultado de que para esa fecha fue declarado desierto ese proceso y se tuvo que acudir a otros procesos para mitigar el problema”.
Reales comentó que esta situación avanzó hasta la mitad de este mes, en que se exhortó al municipio a iniciar el proceso contractual para poder atender esta población. “Se nos informó que gracias a la intervención de la Procuraduría, ayer se pudo celebrar el contrato que va hasta mediados de septiembre”.
El funcionario también dijo que la mínima cuantía era insuficiente para esta atención. “Culminó el proceso que venía siendo postergado por razones exógenas al municipio, porque esos dos procesos fueron objetados por uno de los proponentes. Ya está contratado el operador para que utilice los recursos”.
¿Dónde queda el papel de la Unidad de Víctimas?
“Lo que hace la Unidad es el manejo administrativo de la atención a las mesas de víctimas en el departamento y en los diferentes municipios, como Pereira tiene su propia población de víctimas y su propia mesa, le corresponde directamente la atención al municipio y en consecuencia a esa obligación es que ellos hacen la contratación del operador para que atienda en ese centro a esa población particular”, expresó el procurador provincial.
El papel de la Unidad de Víctimas es el del registro, el trámite administrativo para la indemnización de esta población, pero la atención en sí le corresponde al municipio. Cabe aclarar que la contratación que empezó a regir es para las víctimas que ya están registradas, como las que se puedan presentar hasta dentro de seis meses.
La preventiva en el municipio se dio a raíz de la protesta del operador de no recibir a las personas que se atendían en el albergue y le hizo seguimiento al proceso que culminó con la contratación de un nuevo operador.
Dato
Para que no se vuelvan a presentar malos entendidos se le recuerda a los operadores que la comunicación debe ser operador – alcaldía y alcaldía – víctimas.
