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viernes, agosto 19, 2022

Protestar en Colombia es una actividad de alto riesgo

Hace un poco menos de un año, la capital risaraldense y el país se estremecía por el asesinato del estudiante Lucas Villa. Una investigación realizada por colectivos como Forensic Architecture, 070, Baudó, Bellingcat, con la colaboración de la Comisión de la Verdad, mostró que el homicidio de Lucas no fue al azar y correspondió a un hecho planificado.

Aunque ya ha transcurrido casi un año de este hecho de sangre, todavía no hay resultados que permitan conocer los culpables y las razones que llevaron de este crimen.

Este fue uno de los temas centrales del evento “Contra la impunidad: la verdad en los corazones”, el cual se realizó en la Universidad Tecnológica de Pereira con presencia de familiares de Lucas y otras víctimas fatales durante el estallido social, defensores de derechos humanos y personas de la Comisión de la Verdad.

No solo se recreó la investigación del asesinato, también se llevó a cabo un conversatorio sobre violencia política en contextos de protesta urbana.

Hay que recordar que durante las manifestaciones que arrancaron el 28 de abril del 2021, no solo se registró el homicidio de Lucas Villa, también hubo otras 5 muertes producto de las dinámicas, por ejemplo, el asesinato del joven Héctor Fabio Morales quien también recibió impactos de bala y que aún no se conocen los criminales de este hecho de sangre.

Derechos humanos
Pereira fue una de las ciudades donde más violencia se registró durante el estallido social. Un informe recolectado por defensores de derechos humanos y presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mostró que en la ciudad se cometieron 174 violaciones a los derechos humanos.

Homicidios, detenciones arbitrarias, desaparecidos, amenazas, son algunos de los hechos que reposan en dicho informe, muchos de los cuales no han sido esclarecidos al día de hoy.

De esto se habló en el conversatorio mencionado, en el que también se resaltó que en Colombia protestar es una actividad de alto riesgo.

Los participantes de este encuentro afirmaron que la injerencia del narcotráfico y el sicariato en los gobiernos nacional y locales, es un hecho que se viene presentando desde hace años, lo que pone en peligro a quienes denuncian estos hechos y hacen resistencia a los mismos.

También mencionaron quienes estuvieron en el conversatorio, que sí bien este ‘pacto’ entre el narcotráfico y los poderes políticos es conocido por diferentes instituciones, prácticamente son pocas o nulas las que hacen algo por cambiar esta realidad del país.

En la actualidad hay muchos padres, madres, hermanos, esposas y amigos que siguen esperando que se haga justicia en los crímenes de los que fueron víctimas sus familiares, pero la verdad es que esto no parece ser algo que se dará en el corto plazo, sí es que se da algún día.

 

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