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jueves, febrero 2, 2023

Miles de contratistas en vilo por directiva presidencial

Sin embargo, no existen motivos de alarma y, por lo menos este año, se podrá efectuar la contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión sin dificultades en las entidades del orden nacional y no se aplican tales normas en los niveles municipal y departamental, opina un experto.

La Directiva Presidencial 08 del 2022 y la Circular Conjunta 100-005-2022 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, mediante las cuales se adoptan los lineamientos para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, tienen en vilo a más de un millón de colombianos, desde técnicos, tecnólogos y profesionales, que derivan su sustento de la vinculación con entidades oficiales bajo esta modalidad.

Y aunque la pretensión del gobierno nacional es “dignificar el empleo público”, tal como está consagrado en el programa de gobierno ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, la anunciada medida ha causado más incertidumbre y desazón que alivios y esperanzas entre quienes ejercen sus funciones mediante este tipo de contratos, que son la inmensa mayoría de los servidores públicos.

Para la muestra un botón: la Alcaldía de Pereira cerró el 2022 con más de 1.400 contratos bajo esta modalidad, en la Gobernación de Risaralda fueron alrededor de 1.300 y en la Alcaldía de Dosquebradas 1.340.

Todos ellos, o al menos la mayoría, terminaron sus funciones en la segunda quincena de diciembre y esperan que este mes, una vez que se haga el correspondiente cierre fiscal del 2022, se reabra la contratación estatal y vuelvan a ser tenidos en cuenta, como ha venido ocurrido año tras año.

Y, lo peor, es el temor que acompaña a los contratistas por tratarse este 2023 de un año electoral y existe la posibilidad de que entre en vigencia la norma sobre garantías electorales que prohíbe de manera explícita la celebración de este tipo de contratos y los convenios interadministrativos dentro de los cuatro meses anteriores a los comicios previstos para el 29 de octubre.

Directiva presidencial

Ante la incertidumbre que las dos medidas anteriores causaron, el gobierno nacional se vio obligado a expedir una segunda Circular Conjunta sobre el tema, la 01 de 2023, firmada por Stalin Ballesteros García como director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública.

En ella se hacen las siguientes precisiones sobre el tema:

Solo pueden celebrarse contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión relacionados con la administración o funcionamiento institucionales, es decir, para realizar actividades que hagan parte del giro ordinario o quehacer cotidiano del ente estatal respectivo.

Las Entidades Estatales deben procurar que los contratistas de prestación de servicios ejecuten los correspondientes objetos con la autonomía e independencia propias de este tipo contractual, evitando realizar actuaciones de las que pueda colegirse la existencia de subordinación, dependencia o el encubrimiento de una relación laboral.

Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión podrán ser suscritos tanto con personas naturales como con personas jurídicas, siempre que la Entidad Estatal justifique en los estudios previos que las actividades que buscan encomendarse a aquellas no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

Dentro de los primeros cuatro (4) meses del 2023, las Entidades Estatales deberán desarrollar las acciones necesarias para determinar, crear y proveer la planta de personal temporal necesaria y suficiente para suplir las necesidades misionales y administrativas que han sido provistas a través de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

En concordancia con lo establecido en el numeral anterior, para la vigencia 2023, las Entidades Estatales destinatarias de la presente circular podrán suscribir los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que se encuentren justificados en las razones antes explicadas, en principio, por plazos que no superen los cuatro meses (4) señalados en el numeral 3 de la Circular Conjunta 100-005-2022. Esto sin perjuicio de las eventuales adiciones o la suscripción de los nuevos contratos que se requieran para garantizar la permanencia y la continuidad de la prestación del servicio, si dentro del plazo señalado no se concreta la provisión de las mencionadas plantas temporales o la reforma de la estructura organizacional interna correspondiente.

No hay problema

Sobre los alcances de estas medidas consultamos con un experto, el abogado Perches Giraldo Campuzano, magister en derecho administrativo y ex Procurador Regional, quien precisó lo siguiente:

“… se establece que sí se pueden celebrar estos contratos por un término superior a cuatro meses, solo que se insta a las entidades estatales para que en los casos en que eventualmente se pueda identificar que pueden convertir esas actividades en un cargo temporal de planta, celebren los contratos por el término de cuatro meses; y además permite que los mismos se puedan adicionar en el evento en que continúe la necesidad y aún no se hubiere logrado hacer la conversión a la planta temporal; esta situación sería lo más loable, solo que no se tiene en cuenta que por principio de planeación contractual y de disponibilidad presupuestal, no se podría llevar a cabo cuando los presupuestos de las entidades estatales fueron aprobados desde el año inmediatamente anterior.
También precisa esta Circular los alcances de la Directiva Presidencial 8 de 2022 en relación con la prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión con personas naturales que ya tienen contratos de esta naturaleza con otras entidades públicas, dejando en claro que la misma aplica únicamente para las Entidades del orden Nacional.

De igual manera, se definen varias excepciones a la regla de los cuatro meses para la celebración de contratos de prestación de servicios, entre ellas se encuentra cuando la misma se haga con recursos de inversión, los cuales deben celebrarse por el término requerido y para situaciones que pretendan garantizar la estabilidad ocupacional reforzada de aquellas personas que se encuentren en estado de gestación (embarazos), en licencias de paternidad o maternidad, y personas con limitación en su salud, entre otros”.

Plantas oficiales

Agregó Giraldo Campuzano que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (Estatuto de la contratación pública) define tres tipos de contratos con personas naturales o jurídicas: prestación de servicios profesionales, apoyo a la gestión y contratos artísticos, pero la circular presidencial solo trata sobre los segundos en el caso de las entidades del orden nacional.

Hay que recordar que desde la vigencia de la ley 60 de 1993, cuando se redujeron las plantas de personal de las entidades públicas, comenzaron a florecer de manera abundante los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para suplir la falta de personal de planta para atender muchas actividades al interior de la administración pública. Y hoy, el número de contratistas supera con creces la cantidad de funcionarios de planta en todos los niveles.

Lo cuestionable de este asunto es que, como ha acontecido en otros escenarios, la información oficial emanada del gobierno nacional, aunque posiblemente esté acompañada por buenas intenciones, termina generando más confusión y más caos entre los colombianos.

Para estar informado

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