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lunes, febrero 6, 2023

“La intermediación en salud debe desaparecer”: Marulanda

De cara a la reforma al sistema de salud que propone el gobierno nacional, el ex secretario de salud de Risaralda, Javier Darío Marulanda, afirma que se requiere un régimen de transición y que la plata debe llegar a los prestadores del servicio

En su condición de secretario de Salud de la Gobernación de Risaralda al médico-cirujano de la Universidad Tecnológica de Pereira, Javier Darío Marulanda Gómez, le correspondió enfrentar una de las crisis de salud más graves que ha soportado el departamento en su vida político-administrativa: la pandemia del Covid-19. Y a la par asumió el reto que le planteó su amigo, el Gobernador Víctor Manuel Tamayo, de sacar adelante dos proyectos que están en la primera línea de sus prioridades: el hospital de cuarto nivel de complejidad y la clínica materno-infantil. Con este médico especialista en el manejo del dolor, analizamos el momento que vive el sistema de salud en Colombia y los proyectos en este campo para Risaralda.

¿Cómo observa la propuesta de reforma del sistema de salud? ¿Deben o no desaparecer las EPS?

La reforma es necesaria y es contundente, hay que hacerla. Yo he escuchado las intervenciones de la ministra Carolina Corcho y del equipo de salud y concuerdo en varios temas y discrepo en otros. Concuerdo que hay que hacer una reforma estructural y que ella viene de varios frentes, entre ellos el financiero donde hay una deuda de billones que hay que buscar como cubrir porque se nos están quebrando las empresas públicas en salud y también las privadas. Ya no hay confianza inversionista, no se quiere invertir y crecer en los temas de salud. Segundo, me parece que la intermediación debe desaparecer y estoy de acuerdo con que el recurso llegue directamente del gobierno nacional al prestador. Si se giran $100, las EPS, tienen un porcentaje de administración, hipotéticamente digamos del 10%. Ellos se quedarían con $10 y los otros $90 deben estar distribuidos en los diferentes servicios que establece la ley. Pero los $100 están llegando a la EPS y, de alguna manera, el sistema hoy está premiando que no se hagan algunas cosas y si sobra recursos de esos $90 se están quedando en unas cuentas, les dan manejo, no se giran a tiempo y está favoreciendo a quién administra las cuentas, en este caso las EPS.

El gobierno debería girársele los $10 a quién administra y los $90 a quién presta los servicios de salud, pero debe haber un régimen de transición, porque el hacer cambios sino hay transición genera grandes dificultades.

Risaralda es uno de los departamentos con mayores quejas por el sistema de salud ¿A qué obedece esta situación?

Le voy a explicar por qué. Este año se liquidó Medimás y donde más población tenía esta EPS era Risaralda, esa liquidación afectó el 9% de los afiliados en el país, en Risaralda el 26%, es decir que uno de cada cuatro pertenecía a Medimás o a Coomeva. Así que 260.000 de un millón de personas fueron a unas EPS nuevas o unas que no tenían la capacidad para recibirlas y generan dificultad no solamente en los que están recibiendo sino en los que ya tenían, porque no tenían la capacidad instalada. Eso generó una inconformidad grande y todavía la hay. Segundo, el programa «El Gobernador Responde” atiende al año unas 20.000 solicitudes y todas las sube a la Superintendencia, entonces hay 20.000 quejas que así se resuelvan, se vuelven oficiales, mientras que en los demás departamentos no se vuelven oficiales.

¿En el escenario de la reforma cuál debe ser el papel de los hospitales públicos?

Risaralda siempre ha sido una red fuerte, porque así haya tenido muchos problemas el hospital San Jorge ha soportado y ha salido adelante con la contribución de muchas personas, que han hecho un ejercicio bien importante, pero la red en general de los municipios es fuerte, aunque ha sido muy golpeada financieramente porque las EPS que se liquidan no pagan, quedan en unas deudas eternas y, sin embargo, sobreviven, y en cuanto a la prestación de servicios es sólida si la comparamos con otros departamentos.

La propuesta es fortalecer también la atención primaria en salud y de volver a los puestos de salud y es fundamental fortalecer la facturación. Se necesitan dos hospitales de alta complejidad porque hay unas enfermedades que ya están adquiridas y si nos accidentamos, nos quemamos, necesitamos un trasplante de órganos, si tenemos una amputación traumática, una enfermedad huérfana o grave, tenemos que resolverla en esta región, no tenemos que irnos lejos. Yo creo que, al departamento, por estar concentrado en 14 municipios, por la cercanía que tiene la red hospitalaria, le favorece mucho el modelo de salud que hoy prevalece.

¿En qué van los proyectos del hospital de alta complejidad y la unidad materno-infantil?

Hay varias cosas fundamentales. El hospital de alta complejidad bajo el modelo que planteo y como hoy está planteado por el gobierno nacional debe ser un hospital público y no como lo proponía el gobierno que terminó, que era un modelo universidad, empresa, estado. El modelo de gobernanza lo podemos discutir y estamos dispuestos a hacerlo como mejor le convenga a la sociedad, pero lo fundamental son los servicios que hay que prestar, esos no son discutibles, porque eso sale de un estudio de investigación y de una oferta y demanda que es viva y que la medimos con las universidades. Los dueños de ese hospital serían los hospitales públicos porque es una ESE, el dueño principal sería el San Jorge y los secundarios los otros 15 hospitales del departamento. No tenemos por qué preocuparnos, pero la necesidad es latente, los privados sí pueden seleccionar a quién atienden, pero en el sector público hay que atenderlos a todos, pero como son servicios de alta complejidad podrán derivarse de la contratación.

Eso es lo que queríamos, que los gobiernos departamental y nacional hicieran apuestas también en los servicios, en un mercado en donde solo los privados han estado. En cuanto a la unidad materno-infantil por pandemia no se alcanzó a hacer, se tienen los recursos y los diseños, se tiene el plan y se va a hacer en el Hospital

San Jorge. Así mismo el centro de atención en drogadicción integral en Dosquebradas, es un tema que no es negociable, son 120 camas porque no tenemos capacidad instalada para ofrecer la desintoxicación y la rehabilitación integral a los jóvenes.

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