Resocialización, proceso que debe reestructurarse

Marcela Arboleda

Juan Sebastián Hernández, investigador de la línea del Sistema Judicial de Dejusticia, indica que el Estado ha tenido falencias muy grandes con respecto al tema de los procesos de resocialización, lo cual queda en evidencia con los casos de reincidencia.

“Las personas privadas de la libertad, deberían recibir atención psicosocial que les permita resolver ciertos problemas, lo cual conlleva a la verificación de cómo fue derivado el delito, por ejemplo si fue por un impulso por consumo de sustancias psicoactivas, o qué factores incidieron a que cometiera el hecho; pero lo que hacen se enfoca en el tema de reducción de penas concretamente con trabajo, estudio o enseñanza”, precisó Hernández.

Ahora bien, el problema para el investigador, es que dichas actividades no los preparan para la vida en libertad, pues el proceso termina convirtiéndose en actividades para cumplir el requisito, para reducir las penas.

Por su parte, Clarahibel ldrobo Morales, directora regional Inpec Viejo Caldas, explicó que Colombia siendo un estado de derecho, considera la resocialización como un fin para aquellas personas privadas de la libertad, el cual se realiza por medio de un proceso secuencial de estudio y trabajo.

“El inpec dedica hombres, tiempo y esfuerzos en miras de poder cumplir con esta meta, sin embargo, hay que reconocer que situaciones como los mismos espacios físicos hacen que esa finalidad no se pueda cumplir en un 100 %; pero también hay otro aspecto que es fundamental y tiene que ver con la voluntad de la persona de cambiar”, mencionó Idrobo a El Diario.

Carga social

Otra falla importante en el sistema carcelario tiene que ver con el estigma o la carga social con la que tiene que vivir la persona que sale de la cárcel, pues con su pasado, muchos tienen problemas para conseguir trabajo, pese a que se realizaron unos planes pilotos con los llamadas Casa Libertad (reintegración a la sociedad), pero lamentablemente no tuvieron gran impacto.

“En la tercera Comisión de Seguimiento de la Crisis Carcelaria, tuvimos la oportunidad de entrevistar a muchas personas pospenadas, quienes nos indicaron que la dificultad más grande que tenían, era conseguir trabajo debido al estigma que genera el tener antecedentes penales”, mencionó el investigador de la línea del Sistema Judicial.

Debido a los obstáculos para emplearse, algunos optan por trabajar bajo condiciones adversas, por ejemplo, mujeres que fueron condenadas por delitos de drogas, le expresaron a la Comisión que eran sometidas a jornadas de trabajo mucho más largas que sus compañeras, que tenían peores condiciones laborales, incluso sueldos más bajos, y es precisamente por sus antecedentes, que muchos se aprovechan.

Algunas soluciones

Resolver la crisis carcelaria y los efectos nocivos que tiene sobre los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, es una necesidad que debe ser atendida de manera prioritaria.

El sistema judicial hace un uso poco estratégico de sus recursos, esto se evidencia cuando impone penas privativas de la libertad muy largas para temas que no son tan gravosos; lo que genera varios problemas. Primero el hacinamiento se incrementa, segundo se complejiza el tema de la resocialización y tercero los costos presupuestales se elevan, y es que el valor de manutención anual de una persona privada de la libertad, según la Comisión Asesora de Política Criminal, basado en el informe del Ministerio de Justicia que presentó a la Corte Constitucional en febrero del año pasado, es de alrededor de $ 18 millones, y en Colombia hay cerca de 120.000 personas privadas de la libertad.

Así pues, una solución para el experto de justicia es reestructurar y utilizar de manera estratégica los recursos disponibles para así maximizar la capacidad resocializadora de la prisión y no enviar a la cárcel a las personas que cometen conductas lesivas, sino utilizar medidas alternativas al encarcelamiento, como el tema del trabajo social o comunitario.

Por otra parte, en este uso más eficiente de los recursos el Estado debe formular una estrategia de tratamiento pospenitenciario mucho más amplio para que las personas liberadas puedan conseguir trabajo.

Reincidentes iban a ser juzgados por diferentes delitos

Cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), indican que en las cárceles del país hay 23.570 reincidentes, de los cuales 1.752 son mujeres y 21.818, hombres.

Debido a las alarmantes cifras de reincidencia, en el 2017 el Congreso aprobó un artículo que indicaba que una persona podía ser juzgada no sólo por el hecho que estaba siendo procesada en ese momento, sino que también, por aquellos que había cometido tres años antes (sin importar el tipo de delito), pues esto daba a entender que el capturado representa un peligro futuro para la sociedad, por sus reiterados actos que atentan contra la ley.

Sin embargo, una demanda que afirmaba que el basarse en el pasado del individuo no reconoce que el implicado puede cambiar y progresar, hizo que la Corte Constitucional estudiara la medida, y determinó que considerar a un capturado un peligro para la sociedad fundamentado en sus antecedentes, es juzgar al implicado sólo en virtud de su pasado y no en virtud de sus actos. Por tanto, los jueces deberán analizar aspectos como la gravedad de la conducta o si la persona pone en riesgo el proceso o la acción de justicia, para proceder a dictar las penas.

Efectos de vivir privado de la libertad

Con la privación de la libertad se pierde el derecho a decidir en dónde se trabaja, a decidir en qué momento se duerme o se levanta, que comida consume y cuál no, qué médicos lo pueden atender, cuándo ver a su familia, pues en algunos establecimientos las visitas son semanales o incluso cada mes. Esas personas quedan aisladas del entorno social que conocen, y cuando salen se enfrentan a una sociedad que ya ha cambiado completamente, que los dejó atrás.