Los grandes pecados que ponen en riesgo el futuro del hospital

La semana pasada la preocupante situación que vive el Hospital San Jorge de Pereira, el cual ha registrado en solo cuatro años un vergonzoso récord de seis gerentes, fue noticia por dos instancias distintas. La primera, un comunicado de prensa presentado por la Contraloría General de la República el cual deja muy mal parado el manejo administrativo y financiero del primer centro de salud de la región y, el segundo, el documento que la corporación Vigía Cívica le entregó al gobernador electo Víctor Manuel Tamayo, alertándolo sobre lo que allí está pasando.

Esta corporación, en cabeza de su director ejecutivo James Fonseca Morales, aseguró que Vigía Cívica “ha venido advirtiendo públicamente de hechos que, además del desbordamiento de la cartera, hacían inminente la crisis financiera que hoy tiene al Hospital San Jorge de Pereira en una situación que difícilmente podrá superar sin remedios heroicos”.

Entre estos recordó que a pesar de las alertas que se lanzaron en agosto de 2018 sobre el creciente déficit que venía acumulando el hospital, nada se hizo para solucionar el problema. En ese entonces, los gastos fijos de la entidad eran de $ 8.000 millones al mes y los recaudos de solo $ 4.200 millones, pues el 65% de la facturación se iba a cartera a más de 30 días, lo que arrojaba un déficit de caja de $3.500 millones por mes.

Hallazgos de la CGR

Según el documento entregado por Vigía Cívica al Gobernador Tamayo “el Hospital tiene el borrascoso récord de 195 hallazgos de las entidades de control, en 10 meses. Ninguna entidad del estado colombiano, ha acumulado una cifra, siquiera parecida, en tan poco tiempo, lo que es síntoma de la preocupación que la situación del San Jorge ha despertado en esos organismos, pero también del caos administrativo sobre el que se ha producido esa cifra”.

Este fin de semana la Contraloría General de la República entregó un documento en el cual denunció que “en 10 departamentos hay hospitales que, además de sus líos de finanzas, tienen presuntos detrimentos patrimoniales que superan los $ 57.833 millones”, según lo publicó El Tiempo en su edición del pasado domingo.

Y el listado de hospitales con mayores pérdidas por esa causa el Hospital San Jorge de Pereira aparece en el deshonroso tercer lugar con $ 8.353 millones, siendo superado por el San Jerónimo de Montería ($ 27.165 millones) y el Luis Ablanque de Buenvantura ($ 9.462 millones).

El documento de la Contraloría General agrega que en el caso del Hospital San Jorge la mayoría de los hallazgos fiscales ($ 6.564 millones) corresponden a obras inconclusas y deficiencias en la planeacióny el mantenimiento de las obras hospitalarias, como las de la unidad de cuidados intensivos intermedios, así mismo un bloque de circulación que “encuentra sin terminar y desde hace tres años se encuentra en estado de abandono y deterioro”.

Añade la Contraloría que el hospital carece de un sistema ágil y oportuno de cobro, por lo que su cartera pasó de $ 67.646 millones en el 2016 a $ 111.043 millones en el 2018, lo que le genera serios riesgos de iliquidez.

Hallazgos de Vigía

En su documento, Vigía Cívica indica que de los 1.530 contratos que ejecutó el Hospital en el período de enero de 2016 a marzo del 2019, la Contraloría General revisió 124, la Superintendencia de Salud 22, la Contraloría General de Risaralda 26 y Vigía Cívica 28, para un total de 230, lo que indica que quedan otros 1300 sin auscultar, lo que hace pensar que las irregularidades pueden ser muchas más.

Esta corporación centró su mira en tres grandes temas: los contratos y la forma en que se tramitan, las cuentas generadas por el Hospital y lo que ha ocurrido con los encargados de su gestión y lo que se ha hecho para mantener el Hospital funcionando en medio de la crisis.

En cuanto a los contratos, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el Manual de Contratación, el cua le otorga a la gerencia la capacidad de contratar en forma directa y mediante procesos de contratación abreviada, es decir por invitación privada a dos o más inscritos en el banco de proveedores, hasta $ 1.656 millones (2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes), mientras que en dicho manual no se contempla la figura de la “subasta inversa” para compra de insumos y medicamente como lo sugiere la ley 1438 de 2011.

algunos casos

Vigía Cívica precisó que uno de los casos más emblemáticos de la contratación que se dió en el San Jorge corresponde a la contratación abreviada para la compra de medicamentos No. 017-2018 por un valor de $ 1.000 millones para 160 referencias. A ese proceso solo invitaron tres empresas: Montecarlo Tecnología Farmacéutica S.A.S, Distribuidora Farmacéutica Colombiana “Dcolfarma” S.A.S y Servicios Globales en Salud S.A.S.. “Pero, extrañamente, no invitaron a ninguna de las grandes compañías distribuidores de medicamentos que tienen su base en Pereira, una de ellas la mayor de Colombia, que por simple economía de escala podrían darle al Hospital de su ciudad precios más bajos, ni invitaron a “Coodesuris” la cooperativa creada por los hospitales de Risaralda, para, entre otros propósitos, adquirir en conjunto los medicamentos a mejores precios”, anota.

Y para completar, indica que: “Por recomendación del Comité Evaluador, sin justificación conocida, en una audiencia conjunta, se fraccionó el contrato, así: el 55% para Servicios Globales de Salud, el 20% para “Dcolfarma” y el 2% para “Montecarlo”.

Otro caso emblemático corresponde al contrato No. 472-18 de diciembre del año pasado por $ 85 millones para adquirir bolsas plásticas de 16 referencias diferentes y recipientes plásticos de dos tamaños. Dice Vigía Cívica que según sus cálculos se debieron entregar 145.355 unidades entre bolsas y recipientes, pero apenas 60 días después en febrero de 2019 se firmó otro contrato, el 238-2019 para comprar más bolsas plásticas de 21 refrencias por $ 102 millones, para un total de $ 185 millones.

“Calculamos que, por el precio estipulado, que está lejos de ser el más favorable del mercado, el proveedor tuvo que haberle despachado al hospital, por lo menos, la muy abultada cantidad de 482.639 unidades de bolsas de plástico, que, para agotarlos en un año, sería necesario usar unas 1.322 diarios, cantidad a todas luces exagerada y, en una situación de crisis financiera, como la que ya tenía el Hospital en esa época, contraria a cualquier plan de austeridad”.

Tras advertir que esta situación ocurrió o por un burdo error de planeación del gasto o por el deseo de mejorar el negocio del proveedor, Vigía Cívica indicó que en los dos negocios la firma contratista fue Enciso Limitada. Estos dos contratos están también bajo la lupa de la Contraloría General la cual advirtió que “la entidad (el Hospital) favoreció a la empresa Enciso Limitada pues los ítems que aparecen en el estudio previo fueron tomados de una propuesta suya sin tener en cuenta los otros dos oferentes”.

Mañana: II Parte. ¿Qué pasó con la Unidad de Cuidado Coronario? Los contratos con Misión Plus para el manejo de personal. Tres contratistas distintos en una misma dirección.