La contratación del hospital en la lupa de los entes de control

En el informe final de la auditoría regular realizada sobre la contratación del 2017, la Contraloría General de Risaralda consolidó un total de 50 hallazgos administrativos, 11 con presunto alcance fiscal y 18 con presunto alcance disciplinario y conceptos desfavorables sobre gestión fiscal, gestión de resultados y gestión financiera y presupuestal.

En dicho informe se afirma que: “En materia de gestión contractual fue evidente la inobservancia de los principios de transparencia, publicidad, participación, planeación y responsabilidad”, se revela que en casi todos los contratos evaluados hubo adiciones de entre el 50% y el 100% del valor inicial, algo permitido solo cuando haya una afectación grave del servicio público y se concluye que quedó “de manifiesto una deficiente planeación contractual y el esguince a las formas propias de los procesos”. Para corroborar esta afirmación vamos a echarle una mirada a tres casos emblemáticos, puestos en evidencia en el informe que la Corporación Vigía Cívica entregó al gobernador electo de Risaralda,Víctor Manuel Tamayo.

Cuidado Coronario

Sobre el caso de la Unidad de Ciudado Coronario, que corresponde al hallazgo No. 33 de la Contraloría de Risaralda, donde se advierte una incidencia fiscal tasada en $5.379´430.350, en el documento entregado al gobernador Vigía Cívica lo califica como “un ejemplo incalificable de la falta de planeación en la inversión de una gran suma de dinero”.

En efecto, la entidad advirtió en marzo de 2019, cuando se anunciaba la construcción de dicha obra, que el hospital había firmado un contrato para “Diseño e implementación de un modelo económico-financiero que permita medir la viabilidad de operar la nueva Unidad de Cuidado Coronario”, cuya primera actividad a cargo del contratista era “Realizar con estudios previos que le permitan tener información base para el diseño e implementación del modelo económico-financiero de: análisis del entorno económico de proyecto, estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio económico, evaluación financiera”.

Por tanto, Vigía Cívica cuestionó “que se hubiera construido el edificio, sin tener un estudio sobre la viabilidad económica del proyecto y sobre el modelo económico-financiero necesario para su operación”.

Lo particular es que el proyecto de construcción fue adjudicado a la firma Afinyt S.A.S., que según Vigía Cíviva es “una empresa que, según su registro en la Cámara de Comercio, se dedica principalmente a actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoria financiera y asesoría tributaria”. Y como si fuera poco, en la ejecución de dicho contrato el No. 184 de 2018, se incluyeron 150 items adicionales por valor de  $2.503´823.203 que elevaron un 41% su costo final. Entre ellos la demolición de la estructura antigua, el incremento del 25 % en la resistencia del concreto, dos tanques de almacenamiento de agua y una bomba para alimentar la red contra incendios.

Hoy, nueve meses después de terminada la obra, aún no está en servicio y no se hicieron tampoco las obras civiles para la instalación de los ascensores. Por tanto, en su documento, Vigía Cívica conceptuó que este proyecto es “un concierto de improvisaciones, entre las que buscar el modelo económico-financiero para su operación, después de terminado el edificio, es la menor. Nadie parece saber cuánto va a costar poner en funcionamiento esta unidad, mientras el lucro cesante de la inversión continúa creciendo”.

El caso de Misión Pluss

Entre el 29 de septiembre y el 28 de noviembre de 2017, unos 60 días, la empresa Misión Plus S.A.S. firmó tres contratos directos con el San Jorge, para suministrar auxiliares de enfermería, camilleros, instrumentadores y otro personal asistencial y cada uno de ellos fue adicionado por el 100%.

Al respecto, anota Vigía Cívica que aunque el fraccionamiento de contratos ya no es ilícito, la suma de estos tres contratos obligaría, por lo menos, a una selección abreviada, y agrega que en mayo de 2017 el hospital había convocado una selección abreviada para el suministro del mismo personal, a la que solo concurrió uno de los dos invitados: Misión Plus S.A.S.

A la fecha esta firma ya no tiene contratos con el hospital, pero a lo largo de la ejecución de los mismos fueron varias las denuncias que elevaron los trabajadores a su servicio por las demoras en el pago de sus asignaciones, muchas de las cuales superaban los 60 días. “En cada caso, la justificación de los intermediarios laborales es la supuesta falta de cumplimiento del Hospital y este, en más de una ocasión, ha demostrado que ha pagado a tiempo al intermediario, sin embargo, el San Jorge ha mantenido como contratistas a quienes incumplen con los trabajadores”, señala el documento.

El caso de Mundo Salud

Dos empresas que funcionan en la misma dirección y que comparten el mismo teléfono fijo, según lo comprobó Vigía Cívica, han tenido cuatro contratos con el hospital San Jorge. Se trata de Mundo Salud Médica Servicios CTA con dos contratos y de Mundo Salud Medica Servicios SAS con otros dos.

Para una convocatoria de septiembre de 2018, se contrató la prestación de servicios para la ejecución del proceso de admisiones, autorizaciones, facturación, devolución, glosas y conciliación de glosas y citas médicas. Señala Vigía Cívica que “los pliegos fueron publicados el 25 de agosto a solo tres días de la fecha tope para recibir las propuestas y únicamente se presentó Mundo Salud Médica Servicios CTA. Es inexplicable y asombrosa la velocidad en la gestión de este contrato, pues lo adjudicaron a las 16:38 del 25 de enero y a las 16:43 lo subieron al SECOP, como firmado”.

En este año 2019 la contratación para las mismas funciones, se hizo con Mundo Salud Médica Servicios CTA en forma directa y una consideración escrita en el contrato lo justifica diciendo que el Hospital abrió una convocatoria anterior y no acudió ningún proponente. Este contrato se pactó por seis meses, que ya están vencidos y aunque no aparece ninguna prorroga, el contratista sigue operando. Sobre el contrato 123 de 2017 firmado con esta empresa, la Superintendencia de Salud aseguró que dicha empresa no tenía la capacidad financiera y patrimonial para la firma del contrato.

Por otra parte, en el informe final de la auditoria regular de 2017 en el San Jorge de Pereira la Contraloría de Risaralda anota sobre el mismo contratista: “El 31 de agosto de 2017, la ESE suscribió contrato No.309 con Mundo Salud Medica Servicios CTA, cuyo objeto fue la prestación de servicios para la ejecución del proceso integral de facturación que incluye admisiones, autorizaciones, liquidación, devolución, glosas y conciliación de glosas, citas médicas, para la E.S.E”. Los pliegos de condiciones de este contrato fueron publicados a las 8:30 de la mañana del 25 de agosto y cinco minutos más tarde, a las 8:35 a.m., se publicaron los pliegos definitivos sin que se tuvieran en cuenta las observaciones hechas por Integral CTA. Para la presentación de las propuestas solo se dieron tres días hábiles, frente a lo cual Vigía Cívica considera que se “limitó la posibilidad de la participación de otros oferentes en favor de quien venía prestando estos servicios vigencia tras vigencia”.

Mañana: III Parte. Un caso extremo de agilidad en el recobro de cartera. ¿Cuál es la cartera real del hospital? En que va la acreditación del San Jorge. Las maromas para funcionar.