¿Es posible que los violadores trabajen con niños?

Marcela Arboleda Arias

La norma busca que quienes hayan sido condenados, no puedan  trabajar en oficios que tengan relación directa con niños, niñas y adolescentes. El debate surge luego de una demanda por parte de los profesores de la Universidad de Manizales Luis Andrés Vélez Rodríguez y Jury Vanessa Marulanda Cardona, quienes indican que la ley es inconstitucional. La Corte Constitucional, aceptó la solicitud, pues cumple con una serie de  requisitos formales y en este momento se encuentra en estudio y debate.

“La demanda se centra en varios cargos, pues los docentes indican que hay una violación al derecho a la intimidad, violación al libre desarrollo de la personalidad, violación al mínimo vital y varios derechos laborales, y es que hay un registro que puede ser solicitado por algunas entidades para verificar si la persona tiene delitos sexuales contra menores”, indicó Camilo Andrés Gómez Paz, docente asesor en el Consultorio Jurídico de la Universidad Andina en el área de Derecho Penal.

Así pues, dicho registro, es un documento que algunas empresas pueden solicitar a la hora de contratar a un persona, se basa en la misma línea de los requerimientos de los antecedentes penales, pero en este se indica si la persona fue condenada por delitos sexuales. Para los demandantes, lo expuesto viola el derecho a la intimidad y es una inhabilidad perpetua, pues no se puede solicitar el retiro de los cargos.

No obstante, la autora de la ley, la senadora Nadia Blel, explicó que el registro de condenados no es público y sólo puede ser consultado por entidades autorizadas por el Icbf con el consentimiento del aspirante, por tanto no se violentaría el derecho a la intimidad.

Contexto de la ley

La ley aprobada por el Congreso tiene como propósito disminuir los delitos o acciones que atentan contra los menores de edad, en especial con aquellos que son menores de 14 años, pues durante los últimos ocho años se evidencia un aumento del 60 % en los casos de delitos sexuales en contra menores de 14 años. 

“La iniciativa se aprobó, fue sancionada y promulgada, ese es el primer elemento, el segundo es que el legislador crea la ley, pero el Gobierno debe implementar todos los mecanismos para reglamentarla, por eso surge el decreto 753 de 2019, que entró en vigencia este año, el cual hace referencia a la plataforma virtual (descarga de registro)”, manifestó Gómez.

Por tanto, si una persona que cumplió su condena desea acceder a un cargo público que tenga relación con niños, posiblemente le sea solicitado el registro, y por ende no podría trabajar en cargos como: docentes, directivos, coordinadores, orientadores, personal administrativo y demás vinculado a instituciones de educación, personal de transporte escolar, personal de atención directa al público en servicios de hotelería y turismo, personal médico, de psicología, de enfermería, odontología en relación con menores de edad, servicio de limpieza, entre otros.

Tema debe discutirse

Para el docente de la Fundación Universitaria del Área Andina, el tema debe discutirse a fondo, puesto que debe haber una ponderación de derechos constitucionales fundamentales, en donde la Constitución dice que los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás.

“Considero que la ley no está coartando el derecho al trabajo o el derecho al mínimo vital, lo que busca la norma es proteger a los niños, y si usted fue condenado por delitos sexuales y está buscando trabajo por ejemplo como docente, no puede tener acceso a los niños, pero sí puede desempeñarse en otros cargos en donde no se vean involucrados los menores”, precisó Gómez.

Por su parte, Carlos Garavito, psicólogo con maestría en educación y docente de la Universidad Piloto de Colombia, según las investigaciones, los agresores sexuales tienden a reincidir. 

“La capacidad de las diferentes intervenciones psicosociales para que se reduzca el nivel de peligrosidad evidencian que una porción alta de agresores no se adhieren al tratamiento y generan nuevas victimizaciones. El tema de la resocialización debe ser eficiente, pero el tema de los ataques son bastante elevados”, puntualizó Garavito.

Así mismo, el docente precisa que en países como Estados Unidos, los agresores sexuales son identificados en las comunidades, lo cual brinda a las personas la posibilidad de identificar cuáles son los niveles de peligrosidad o riesgos de determinado sector.

Norma regresiva

Muchas personas piensan que por el simple hecho de que a alguien le imputaron cargos por presuntamente haber cometido un delito sexual en contra de un menor, va a aparecer en el registro, pero la ley es clara al indicar que sólo estarán allí quienes hayan sido condenados por dicho delito, en este caso la ley  es regresiva y quiere evitar que se presenten futuros perjuicios, inclusive la reincidencia.

Violencia sexual contra menores en Pereira 

Hasta el 26 de octubre del año pasado, un informe de la Secretaría de Salud de Pereira indica que la mayoría de los casos de violencia sexual en el 2019, tienen como víctimas a los menores de edad entre los 12 a los 18 años con 168 episodios de violencia sexual, 35 más que los presentados en el 2018.

El segundo rango de edad más afectado con este flagelo, son los menores de edad entre los seis a 11 años, con 163 casos, en el 2018 fueron 133 niños y niñas entre estas edades quienes sufrieron violencia sexual.

Finalmente en el rango de cero a cinco años, en el año 2018 el municipio reportó 76 casos y hasta el 26 de octubre del 2019 habían 92 casos. 

Cifras a nivel nacional

La mayoría de las víctimas de violencia sexual registradas el año pasado eran mujeres, ocho de cada 10. Y 19.189 de las víctimas eran niñas menores de 15 años. En los últimos registros de Medicina Legal, 2.744 de las víctimas eran niños y niñas que estaban en la primera infancia y no habían llegado a su cuarto cumpleaños. Además, 10.245 preadolescentes, entre los 10 y los 14 años, es el grupo más afectado.

Según el informe de Medicina Legal de 2018 “Es alarmante la situación de riesgo de ser víctimas de delito sexual para las niñas entre 10 a 13 años este grupo etario representó el 41,9 % del total de valoraciones practicadas en mujeres, 22.309 y registró la tasa más alta en los últimos 10 años: 562,50. Por cada niño entre los 10 y 13 años víctima de presunto delito sexual se presentan ocho niñas. Y como resultado de la violencia sexual se encontraron en este mismo rango de edad 5.713 menores embarazadas”.