Un mes después: la incertidumbre
En marzo la comunidad llamó a los medios de comunicación, porque se sentían a la deriva, nadie les decía nada de un proceso que a un año, le falta todo. Por esos días se necesitaba la presencia de un grupo interdisciplinario de atención social que ellos aseguran no haber visto nunca, la señora Chavarriaga dice que “Ni abuelos, ni niños fueron atendidos por un psicólogo, aunque los inscribimos y nos decían que el apoyo en ese tema iba a llegar pero nunca lo hemos visto. Si usted en este momento va y habla con ellos sobre este tema la gente llora (a ella se le hace agua la mirada)”.
El temor de todos ellos era que el río se subiera, que se saliera, jamás se imaginaron que la montaña se les iba a venir encima. Cada día se asombraban de cómo aumentaban los chorros. De la alcaldía solo los llaman para que vayan a llevar documentos y cuentan que para los bonos les toca insistir para que no se les olvide, son $100.000 que solo se pueden reclamar en el Éxito y aliados, lo que pone a pensar qué tipo de cálculo hicieron, si sabían que eran familias numerosas.
Relatan que no saben cómo hacen para levantarse todos los días a seguir luchándola, los primeros días imposible cerrar los ojos, los pasaron sentados en las puertas, la alerta era inminente. De otro lado estaban los ladrones y ellos como pudieron se organizaron para que no se llevaran nada. La mayoría de las familias damnificadas totalmente perdieron de a dos miembros ¿dónde está el seguimiento psicológico a las familias? “Nadie se ocupó de la estabilidad emocional por ejemplo de una de las gemelas, quien está de allá para acá, porque la abuela que las crió falleció un mes antes de la tragedia y apenas un mes después de eso cumplieron la mayoría de edad”.
*Marzo 26: el bloqueo
La orden que debía hacer cumplir la Inspección Primera Municipal de Policía emitida el 8 de marzo de 2022, estaba amparada en la Ley 1523 de 2012, por medio de la cual el Alcalde Carlos Maya apelaba a la Gestión del riesgo de desastres y que por decreto ordenaba la desocupación de inmuebles entre las calles 25 y 27 con Avenida del Río, debido al deslizamiento de la ladera norte del río Otún, que ocurrió el pasado 8 de febrero y que debía hacerse efectiva ayer 25 de marzo a partir de las 8:00 a.m.
Los propietarios y tenedores de los inmuebles fueron avisados del procedimiento, dicen ellos, ocho días antes mediante fotocopias que les pegaron en los portones de las viviendas, porque aseguran que no firmaron ningún documento que los diera por notificados.
*5 de abril: el desalojo y las demoliciones
Entre las calles 24 y la 26 dice Stella Chavarriaga que había 14 viviendas y 17 familias. “Todos quedamos dispersos por diferentes sectores, pagando arriendo, la alcaldía entrega $332.000 cada tres meses y debemos ir a firmar pero solo los reclama el que le arrienda a uno, hacen una visita y nos toca llevar papeles cada vez. La cosa es que la mayoría pagamos arriendos de $450 y $500 mil, porque en el sector no se consiguen casas de $350.000, las familias tuvieron que dividirse, porque no alquilan para tantos”.
Para que desalojaran hicieron presencia Defensoría del Pueblo, Bienestar Familiar, hasta cordón militar hubo, pero no se preguntaron si los niños siguieron escolarizados o no. “Es una desobligación de la administración con nosotros las víctimas”.
Paula Andrea Rodríguez “No hemos visto ningún esquema de seguridad, a las casas desocupadas se les están robando todo. Queremos es una solución, podrían empezar por traernos un psicólogo, porque suena un trueno y todos nos levantamos, los niños lloran, estamos muy afectados”.
