“La falsa paz total llegó a su fin”: De la Espriella celebró la aprobación de la Ley de Sometimiento

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes con 95 votos a favor y 10 en contra. El proyecto establece beneficios judiciales para integrantes de organizaciones criminales que se sometan a la justicia y cumplan compromisos de desarme, entrega de bienes y colaboración con las autoridades.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, celebró la aprobación de la Ley de Sometimiento en el Congreso de la República y aseguró que con esta decisión termina la política de paz total impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, el mandatario publicó el mensaje: “¡Habemus Ley de Sometimiento!”, en el que agradeció al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su gestión durante el trámite legislativo y reconoció el respaldo de los congresistas que votaron a favor de la iniciativa.

“Mi agradecimiento y reconocimiento al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa”, escribió De la Espriella.

El jefe de Estado también destacó el papel del Congreso y manifestó que su Gobierno continuará trabajando por la seguridad y la justicia en el país. Su pronunciamiento concluyó con la frase: “La falsa paz total llegó a su fin”, con la que marcó distancia frente a la estrategia de negociación implementada por la anterior administración.

Congreso aprobó la iniciativa

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto durante la noche del martes 3 de noviembre, con 95 votos a favor y 10 en contra, después de una discusión que se extendió por más de 12 horas.

El Senado ya había respaldado la iniciativa y, debido a que ambas corporaciones aprobaron el mismo texto, no será necesario conformar una comisión de conciliación. De esta manera, el proyecto terminó su trámite legislativo y quedó pendiente de sanción presidencial.

La propuesta corresponde al Proyecto de Ley 296 de 2026 del Senado y 433 de 2026 de la Cámara, mediante el cual se modifican disposiciones de la Ley 418 de 1997, relacionada con los instrumentos del Estado para garantizar el orden público.

¿Qué contempla la Ley de Sometimiento?

La nueva norma establece un mecanismo jurídico para que integrantes de determinadas organizaciones criminales y estructuras armadas ilegales puedan someterse a la justicia ordinaria a cambio de beneficios penales, sin recibir reconocimiento político ni participar en negociaciones de carácter político con el Gobierno.

Entre los principales beneficios se contemplan reducciones de hasta el 50 % de las penas para integrantes de base y de hasta el 30 % para quienes hayan ocupado posiciones de mando o liderazgo. En este último caso, las condenas no podrán ser inferiores a 10 años de prisión.

Sin embargo, los beneficios estarán condicionados al cumplimiento de compromisos como:

  • Entregar las armas y abandonar las actividades criminales.
  • Suministrar información sobre la estructura, sus integrantes y las economías ilegales.
  • Entregar los bienes y recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.
  • Contribuir a la liberación de personas secuestradas y entregar información sobre desaparecidos.
  • Entregar a niños, niñas y adolescentes que permanezcan dentro de las estructuras criminales.
  • Colaborar con la reparación de las víctimas.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que los beneficios no serán automáticos y dependerán del cumplimiento de las obligaciones. En caso de incumplimiento, los integrantes perderían las condiciones especiales y regresarían al procedimiento de la justicia ordinaria.

No habrá suspensión de órdenes de captura ni extradiciones

Uno de los puntos destacados por el Gobierno es que acogerse al mecanismo no implicará suspender órdenes de captura ni procesos de extradición.

Tampoco se contemplan zonas de distensión ni la posibilidad de que las organizaciones continúen desarrollando actividades ilegales mientras avanzan los procedimientos de sometimiento.

Además, el texto aprobado excluye de los beneficios a quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores o sean responsables de vincular a niños, niñas y adolescentes a estructuras criminales.

Durante el trámite también se estableció que la vigencia de la ley será de cuatro años, en lugar de los diez inicialmente planteados, y que se deberá cumplir un periodo de seis años de pena para acceder a la libertad condicional, bajo las condiciones establecidas.

La aprobación también generó críticas

Aunque el Gobierno y varios congresistas celebraron la aprobación, la iniciativa también recibió cuestionamientos de sectores de oposición.

Desde el Pacto Histórico, el representante Gabriel Becerra anunció que su bancada acudirá a la Corte Constitucional para cuestionar la ley, al considerar que durante el trámite legislativo se presentaron presuntas irregularidades y no existieron suficientes garantías para el debate.

Las diferencias también se concentraron en los beneficios penales para integrantes de organizaciones criminales y las garantías para las víctimas.

Por ahora, el proyecto quedó a la espera de la sanción presidencial, paso necesario para su promulgación y entrada en vigencia.

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